Las calles de Guayaquil sin presencia de circulación vehicular durante los días de cuarentena. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO
Una clínica privada de Guayaquil deberá ofrecer disculpas públicas, como medida de reparación, a la familia de Marianita de Jesús Flores Álvarez, quien falleció en esa casa de salud el pasado 26 de abril del 2020.
Así lo dispuso la jueza de Guayas, Ruth Ronquillo, luego de analizar la acción de protección que interpuso el pasado 29 de abril, el hijo de la víctima, José Varas.
En el recurso legal, el joven de 28 años denunció que la clínica se negaba a entregarle el cadáver de su madre hasta que la familia cubriera los costos de hospitalización que ascendían a USD 68 000.
En la sentencia, a la que tuvo acceso este Diario, la jueza detalló que la clínica vulneró al menos siete derechos en contra de la persona fallecida y sus deudos. En la lista figuran derechos como a recibir información adecuada y veraz, seguridad jurídica, vida digna, integridad personal, libertad que tienen las personas y la igualdad formal, material y no discriminación.
Entre los argumentos que realiza la jueza constan que la clínica “incumplió” con los protocolos y resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) sobre la entrega de documentación a los familiares de la víctima. Incluso, se añade que existen “contradicciones” en los informes de la clínica.
Además, se menciona que la casa de salud “no ha desvirtuado” la denuncia de la familia sobre la retención del cuerpo hasta que se cubran los gasto. Para la jueza este acto constituye “un trato discriminatorio”.
En torno al derecho a la integridad personal, la sentencia detalla que existe una afectación psicológica de los familiares tras no entregarles el cuerpo de su ser querido, luego de cuatro días de la retención.
Por todos estos hechos, la magistrada ordenó que la clínica ofrezca disculpas a la familia a través de su página web. La jueza fijo un plazo de ocho días para que se cumpla esta medida de reparación. Ese tiempo termina el próximo sábado.
La Defensoría del Pueblo deberá verificar el cumplimiento de las disculpas públicas. Esta entidad ha calificado a la sentencia como un “precedente frente a prácticas abusivas e ilegales de centros de salud privados en esta emergencia sanitaria”.
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