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Juez ordena medidas sustitutivas para conductor acusado de atropellamiento triple en Imbabura; dos personas fallecieron

Imagen referencial. Los familiares de los afectados no descartaron realizar plantones. Foto: Twitter @FiscaliaEcuador

Imagen referencial. Los familiares de los afectados no descartaron realizar plantones. Foto: Twitter @FiscaliaEcuador

Imagen referencial. Los familiares de los afectados no descartaron realizar plantones. Foto: Twitter @FiscaliaEcuador

Los familiares de dos mujeres fallecidas y un herido a causa de un accidente de tránsito que ocurrió el miércoles 22 de enero de 2020 en el Valle del Chota, en la provincia de Imbabura, están indignados.

Rechazan que la Unidad Judicial de Imbabura no haya acogido el pedido de prisión preventiva, que solicitó la agente fiscal María Bernal, en contra de David L., quien presuntamente conducía el automotor que produjo el triple arrollamiento.

El suceso ocurrió a las 07:31 del miércoles a un costado de la vía Panamericana, en el sector de Ambuquí.

En el sitio quedaron las huellas de los neumáticos del vehículo que se salió del camino y arrolló a Blanca Gualacata, de 35 años; María Eugenia Salas, de 39 años; y un joven de 16 años.

Las mujeres fallecieron, mientras que el tercero permanece herido, con pronóstico reservado, en el Hospital San Vicente de Paúl, de Ibarra.

Salas se dirigía al vecino cantón de Pimampiro, a comprar un pastel para su hija que cumplía seis años. La pequeña es uno de los cuatro vástagos que quedan en la orfandad. Las otras víctimas le acompañaban.

Darwin Cárdenas, familiar de María Eugenia Salas, informó que a las 15:00 de este 23 de enero ofrecerán una ceremonia religiosa.

Luego sepultarán a su pariente en el cementerio de la parroquia de Ambuquí.

Los familiares de los afectados no descartaron realizar plantones. Según Cárdenas, no están de acuerdo con la medida sustitutiva, que obliga a David L., a presentarse de forma diaria en el juzgado, por el delito de muerte culposa.

También tiene prohibición para salir del país y de enajenar bienes inmuebles. Cárdenas considera que se debió aplicar la prisión preventiva, para que se garantice la comparecencia del implicado al proceso judicial.

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