La Policía detuvo al magistrado luego de una alerta emitida por el ECU 911. Foto: El Comercio.
La aprehensión de un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador, se produjo luego de que una persona denunciara por medio de una llamada al ECU 911 que supuestamente había entregado dinero para agilitar una acción judicial.
La detención del funcionario sucedió el jueves 28 de julio de 2016 cerca a la vivienda del denunciante. Según el reporte policial, el magistrado se encontraba en un vehículo junto con otro ocupante y ambos fueron aprehendidos en ese momento con la evidencia.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la víctima asegura que un abogado le sugirió que consignara dinero (USD 2 000) a un juez de la Corte de Justicia de la provincia para continuar con el trámite de un caso de prescripción adquisitiva de dominio de un terreno.
A esta figura legal se la reconoce cuando una persona acude a la justicia y argumenta que es la posesionaria de un bien inmueble por más de 15 a 20 años. A través de esta se busca que la propiedad pase a nombre de quien lo solicita.
En el documento de la Fiscalía se habla de que los detenidos habrían incurrido en el supuesto delito de concusión. Según el artículo 281 del Código Integral Penal, esta acción ocurre cuando un servidor público o a través de terceros “ordene o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas; serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.
Al ser consultado sobre este caso, el director encargado del Consejo Nacional de la Judicatura en Santo Domingo de los Tsáchilas, Iván León, insistió en que todo proceso con inicio de investigación está amparado en la presunción de inocencia al que tiene derecho toda persona.
“Mientras no exista una sentencia en firme seguimos estableciendo que el compañero es inocente”. León explicó que el funcionario goza de fuero de corte nacional y por tanto el caso debe ser resuelto en la Corte Nacional de Justicia. Precisamente, el judicial fue trasladado a Quito para que se presente ante el ente de justicia. Este es el segundo caso en que un funcionario judicial de Santo Domingo es investigado por dinero.
En julio de 2015, una jueza fue captada por las cámaras de seguridad cuando, al parecer, tomaba USD 40 en efectivo de una agenda de la secretaria del juzgado. El dinero correspondía a una indemnización fijada en un proceso judicial.. La exmagistrada fue destituida.