La puerta de acceso al Juzgado Primero de Garantías Penales de Cotopaxi lucía destrozada. Los hechos violentos del viernes afectaron a su titular, Iván Fabara, quien ayer denunció un atropello a la Justicia.
Esa noche se realizaba la audiencia para dictar el llamamiento a juicio y confirmar las detenciones de Flavio C., Iván C., Willian Ch., Cléver Ch. y Orlando Q., investigados por la muerte de Antonio Olivo, de 21 años.
Ese crimen ocurrió el 9 de mayo, a las 20:00, en el centro de Zumbahua (Cotopaxi). Olivo fue muerto a golpes y luego ahorcado con su propia correa en el parque central de la parroquia, ubicada a hora y media de Latacunga.
Esto desencadenó la furia de los comuneros de La Cocha, quienes retuvieron a los ahora inculpados. Los cinco recibieron un baño de agua fría y fueron flagelados con ortiga y látigo. Además, sancionados al pago de una multa.
Luego los comuneros los liberaron, pero después, con la acción del Ministerio de Justicia, los cinco fueron detenidos por la Policía. Ahora están detenidos en la Cárcel 4 de Quito. El viernes, tras la lectura del dictamen, 60 comuneros de Guantopolo y Zumbahua, que acudieron a la audiencia, reaccionaron contra el fallo.
Según los comuneros, los cinco jóvenes ya fueron juzgados en La Cocha, por la justicia indígena. “Nos encerraron en la oficina”, recuerda Fabara. “Nos amenazaban: ‘Vamos a matarles si no cambian el dictamen’. Pedían el sobreseimiento y la libertad de todos los imputados”.
Al funcionario y a dos de sus compañeros les obligaron a llenar oficios, boletas de libertad y a cambiar el texto del auto. “Aunque era ilegal porque en la audiencia las partes quedaron notificadas en forma verbal, procedí a realizar lo solicitado. Nuestra integridad estaba en juego”, sostiene Fabara, mientras muestra una herida en la mano derecha.
A las 20:00 del viernes, un grupo de policías destrozó la puerta de madera y rescató a los funcionarios judiciales. En la acción, hubo cuatro personas detenidas.
“Fui agredido, me rompieron la camisa. La poca seguridad pone en evidencia que los jueces estamos desprotegidos y todos quienes impartimos justicia”, dice Fabara. Sobre el tema, también se pronunció ayer el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Rafael Herrera.
Para él, la investigación que realiza la Fiscalía debe llegar hasta las últimas consecuencias. “El objetivo es aclarar si el grupo de indígenas que actuó con violencia fue instigado por sus dirigentes. De ser así, se los debe sancionar para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en la entidad”.
En Latacunga, la puerta del juzgado no será cambiada hasta que se recojan las evidencia de la agresión. Los detenidos seguían ayer en la Cárcel 4 de Quito y su caso es impulsado por el Álex García, quien prefierió no pronunciarse.
