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Jueces provinciales irán a una evaluación; sorteos se indagan

El 8 de julio pasado, la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado (der.), se refirió a los sorteos irregulares. Foto: cortesía

Luego de difundir el comunicado público, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha permanecido en silencio. En un documento, el organismo alertó que “estructuras delincuenciales, que comienzan a salir a la luz, pretenden desviar la atención hacia este organismo en lugar de a los verdaderos responsables” de los hechos.

¿En dónde están esas estructuras? ¿Quiénes las conforman? No hay detalles. Pero el comunicado de la Judicatura del lunes 9 de agosto se refiere a las indagaciones disciplinarias en torno a las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas de Jorge Yunda.

Todo estalló el 8 de julio pasado, cuando el CJ anunció investigaciones por estas causas.

Para entonces se señaló a seis judiciales (entre ellos, dos jueces), pero ahora son ocho.

En este momento está en curso una disposición para que se ejecute de “manera inmediata una evaluación de desempeño y productividad de los jueces de las Cortes Provinciales y Tribunales Contenciosos de todo el país”.

El 30 de julio pasado, un Tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte de Pichincha dejó sin efecto el proceso de remoción de Yunda y ratificó el fallo de una de las magistradas, que actualmente es investigada.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, cree que es “indispensable” realizar una valoración a los jueces, pues lo que “ocurre en el sistema judicial genera preocupación. Debe existir un proceso de fiscalización”.

Además, está vigente un pedido que el CJ planteó al Gobierno para que se asignen recursos económicos para financiar el proceso de evaluación.

El penalista Wilson Velasteguí dice que es responsabilidad de la Judicatura aclarar todo sobre esa estructura delictiva que fue mencionada.

Por ahora, la Fiscalía mantiene abierta una investigación por el presunto delito de interceptación ilegal de datos.

Se refiere a las posibles anomalías en los sorteos de los expedientes penales.

Según el CJ, se ha brindado “apoyo a la Fiscalía para que se esclarezcan estas acciones y a sus posibles responsables. Se ha dotado de toda la información necesaria y se ha facilitado el acceso para que se lleve a cabo un peritaje al sistema informático de la institución”. Desde el 14 de julio pasado también está en marcha una auditoría nacional al mecanismo de sorteo de causas.

El penalista Gabriel Ponce considera que cuando el Consejo de la Judicatura habla de estructuras delictivas se refiere a los funcionarios judiciales y que se debe llegar al fondo de lo ocurrido para que hechos similares no se repitan.

Actualmente, el CJ recaba indicios para determinar si los ocho funcionarios judiciales investigados cometieron o no una infracción. El Código de la Función Judicial establece que si se comprueba que los servidores públicos incurrieron en una falta disciplinaria pueden ser sancionados con una multa o la destitución del cargo. 

La Judicatura pide que se denuncie los actos de corrupción que pongan en duda el accionar de funcionarios judiciales, en este y en otros casos.

Por ejemplo, el 17 de junio pasado, agentes allanaron dependencias judiciales en Guayaquil y detuvieron a seis personas por otro caso de sorteos irregulares de causas.

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