Jueces y fiscales de San Lorenzo operan con ‘alto nivel de riesgo’
Militares de la Fuerza de Tarea Conjunta realizan controles en Cabuyal. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO.
El despacho de un fiscal de San Lorenzo luce atiborrado de documentos. En el escritorio, una columna de expedientes judiciales, agrupados en carpetas azules, apenas deja ver el rostro del funcionario que trabaja en este cantón fronterizo con Colombia.
En el segundo piso de la Fiscalía, el ajetreo es intenso. Desde afuera de las oficinas judiciales se escucha la bulla de los usuarios. De pronto, la puerta metálica se abre y una mujer eleva la voz para preguntar si le tomarán su testimonio en un caso que para el fiscal no tiene asidero.
“Me piden que indague un asunto de brujería”, dice el investigador y continúa en la revisión del expediente relacionado con el carro bomba que el 27 de enero pasado destruyó el cuartel policial.
Por este caso, para hoy (15 de octubre del 2018) está convocada la audiencia preparatoria de juicio en contra de alias ‘Guacho’ y de otras 26 personas investigadas por el ataque terrorista.
En esa diligencia, prevista para las 09:00, el funcionario de San Lorenzo estará acompañado por el fiscal Wilson Toainga, quien opera en Quito. El investigador que lleva este caso tiene seguridad policial.
Un hombre que viste un pantalón jean, canguro en el cinto y camisa ploma no se despega del fiscal. El pasado jueves, un equipo de EL COMERCIO fue a San Lorenzo. Allí trabajan dos fiscales y dos jueces.
Los magistrados también están protegidos, aunque dicen que no es suficiente.
En la anterior administración del Consejo de la Judicatura, la protección a jueces y fiscales de la frontera estaba a cargo de una instancia dirigida desde Quito. Después, esa tarea pasó a las direcciones provinciales de la Judicatura.
Los judiciales que trabajan en San Lorenzo aseguran que hay un alto nivel de riesgo.
Eso se agudizó con los atentados que se reportaron desde enero pasado. Uno de los magistrados dice sentirse vulnerable. Trabaja en un despacho que se encuentra a dos cuadras de la Fiscalía. En ese trayecto funcionan oficinas de abogados, tiendas, restaurantes, entre otros negocios
En la vía adoquinada se observa a policías que van a bordo de motos. En las esquinas hay personal policial con fusiles y chalecos antibalas. Casi no hablan. Uno de ellos solo dice que “la seguridad va mejorando poco a poco”.
Lanza esta frase y no responde más preguntas. Uno de los jueces recuerda que luego del ataque al cuartel policial y los posteriores atentados a patrullas militares pidió ser trasladado a otro cantón.
“Venía gente sospechosa a intimidarme, sentía que me perseguían y a mi teléfono no dejaban de llegar mensajes insinuantes con amenazas”.
“Estamos pendientes de sus hijos que acaban de salir de la escuela”, se lee en una captura de pantalla que conserva.
Eso lo afectó psicológicamente y solicitó que lo trasladaran a otra unidad judicial.
Hace unas semanas volvió a San Lorenzo y aún está temeroso. Desde su oficina, con vidrios transparentes, no deja de mirar a un hombre que apareció minutos antes.
El extraño saca algo de su bolsillo y apunta hacia la ventanilla derecha que permanece abierta ante el calor sofocante de la ciudad. “Parece que nos toma una foto, quizás es a usted o es a mí”, dice el magistrado y pide al policía de su seguridad que vaya a la parte baja a averiguar de quién se trata.
Pero no es la única situación que enfrentan los judiciales.
Hace 15 días, el fiscal que investiga los cuatro procesos abiertos contra los integrantes del frente Óliver Sinisterra sufrió un atentado.
La llanta posterior izquierda de su vehículo apareció sin las tuercas y de eso se percató mientras viajaba por la vía San Lorenzo- Eloy Alfaro.
El neumático perdió aire y luego se escuchó el golpe del aro al contacto con la calzada. Pidió auxilio mecánico y asegura que mientras llegaba la plataforma de remolque se quedó expuesto en la ruta.
El director del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas, Fernando Otoya, reconoce que los funcionarios están más expuestos cuando salen de sus labores y viajan a otras ciudades. Precisamente, ese nivel de riesgo analiza el Ministerio del Interior para asignarles agentes para la seguridad personal de los judiciales.
Una de las medidas adoptadas por la Judicatura para evitar la exposición de los funcionarios es que las audiencias de San Lorenzo se realicen en Esmeraldas, a unas tres horas de la frontera. Hasta ahí viajará hoy el fiscal de San Lorenzo, para sustentar su dictamen acusatorio contra ‘Guacho’ y el resto de involucrados en el atentado al cuartel policial.