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Judicatura busca acelerar trámites de libertad para presos durante la emergencia sanitaria

La Judicatura dice que el procedimiento para conceder comisiones de servicios no estaba previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) ni en otra norma interna y que por eso las instituciones de la Función Judicial la aplicaban “sin seguir u

La Judicatura dice que el procedimiento para conceder comisiones de servicios no estaba previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) ni en otra norma interna y que por eso las instituciones de la Función Judicial la aplicaban “sin seguir u

La Judicatura dice que el procedimiento para conceder comisiones de servicios no estaba previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) ni en otra norma interna y que por eso las instituciones de la Función Judicial la aplicaban “sin seguir un proceso claro y uniforme”. Foto: Archivo EL COMERCIO

El Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó un procedimiento para emitir con mayor celeridad las boletas de libertad y otros beneficios penitenciarios a los presos. Estas nuevas directrices se enmarcan en el estado de emergencia sanitaria por covid-19 que rige en el país.

La comunicación de la CJ circuló la tarde del jueves 16 de abril del 2020. Ahí se detalla, por ejemplo, que los jueces de garantías penitenciarias pueden emitir las boletas “sin necesidad de convocar a una audiencia”. Dentro del mismo boletín se aclara que si el juzgador estima necesario podrá convocar a una diligencia judicial antes de entregar un beneficio penitenciario.

Para Marco Jurado, director de la Fundación Iccadi, que trabaja de cerca en proceso de prelibertad, esta disposición de la Judicatura no es clara y deja a criterio de los jueces que se hagan las audiencias, lo que provocaría que los trámites se estanquen. “Necesitamos que la decisión sea más precisa para no perjudicar la celeridad, que es el objetivo que se busca”.

El proceso aprobado por la CJ determina que los propios centros de rehabilitación, la Defensoría Pública o los defensores privados podrán presentar las solicitudes de emisión de boletas de libertad por cumplimiento de pena en beneficio de los presos.

Las direcciones provinciales de la Judicatura establecerán los mecanismos correspondientes para la recepción de dichas solicitudes.

En las unidades judiciales, además, se digitalizará la petición con los documentos anexos y el pedido será remitido por correo electrónico institucional al juez de garantías penitenciarias.

En caso de que la información sea insuficiente se devolverá la petición para que se complete. Esta disposición también rige para los adolescentes infractores.

Si los documentos están completos y son los adecuados, el juez elaborará la boleta de libertad de acuerdo con el formato previsto en el Plan de Contingencia del Sistema de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). Ese documento será firmado electrónicamente y se enviará a las cárceles.

La Judicatura señaló que un procedimiento similar se aplicará con solicitudes emitidas por los centros de privación para el cambio de regímenes u otros beneficios penitenciarios. En el boletín no se precisa cuáles. Tampoco está subida a la página web de la CJ la resolución respecto a este tema.

Estas medidas se dan luego de que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidiera el 25 de febrero pasado a los gobiernos y a los sistemas de justicia tomar medidas para reducir las poblaciones carcelarias durante la emergencia sanitar. Esto, porque los espacios de confinamiento podrían convertirse en focos de infección lo que perjudicaría a la salud de los presos, migrantes en centros de retención y pacientes de hospicios.

A esto se suma que la Fiscalía General del Estado se pronunció en un comunicado el 15 de abril del 2020 sobre la adopción de medidas en vez de la prisión preventiva. Esto, como una forma para evitar saturar los sistemas carcelarios.

La entidad pidió a los agentes fiscales que soliciten a los jueces un “análisis minucioso” de cada caso.

Se pidió que prime la protección a las víctimas de violencia género, por ejemplo, que podrían estar viviendo con sus propios atacantes.

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