A media mañana de ayer, en el piso 8 del Consejo de la Judicatura, el grupo de minoría cuestionaba una vez más las decisiones del presidente Benjamín Cevallos. Diez minutos después, este rechazó las críticas de sus compañeros y aseguró que la pregunta 5 es inconstitucional.
El Gobierno propone, a través de la enmienda constitucional, una reestructura total de este Consejo. El papel de este es fundamental, ya que se trata del órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Uno de los planteamientos es reducir a cinco el número de vocales y se mantendrán en sus funciones por seis años. Hoy son nueve y se trata de un pleno en transición, que en el 2008 fuera designado por la hoy desaparecida Corte Suprema de Justicia.
Los expertos aseguran que dadas las condiciones actuales hay el riesgo de que ocurra un manejo político del aparato judicial.
Uno de los argumentos es la inoperancia de jueces. Para demostrar aquello, el Ministerio de Justicia recurrió a estadísticas de las actuaciones de algunos jueces de Guayas. Al juez Aníbal Torres, por ejemplo, se le atribuyen 1035 caducidades de prisión preventiva entre el 2007 y el 2010.
Jorge Ayala, presidente de la Asociación de Servidores Judiciales de Pichincha, acepta la necesidad de reestructurar el sistema. “Las autoridades del Consejo no han permitido llamar a concurso y nombrar a personal capacitado. Hay jueces suplentes, alternos, etc., muchos de ellos sin experiencia y por eso han existido muchos errores”.
El dirigente de los judiciales calcula que un 30% del personal a escala nacional es temporal. Incluso, el grupo de minoría del Consejo (Oswaldo Domínguez, Ulpiano Salazar y Marco Tulio Cordero, vocales) denunció nombramientos a dedo. Ayala acepta la reestructuración, pero insiste en que se respete su estabilidad laboral.
A nivel interno del Consejo de la Judicatura tampoco hay consenso sobre la pregunta 5, que plantea el cambio absoluto del sistema. El grupo de minoría anticipa que se acogerá a los resultados de la consulta.
Cevallos dice que las preguntas 4 y 5 son inconstitucionales. “Voy hacer respetar y no aceptaré injerencia del Ejecutivo. Tampoco permitiré que se haga una masacre dentro de la Función Judicial”.
REFERENDO
Pregunta 5
¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5?
Anexo 5
Enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador de la siguiente manera: “Art. 179.- El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General del Estado; por el Defensor Público, por la Función Ejecutiva; y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
SÍ
Punto de vista
Ulpiano Salazar / Vocal
del Consejo de la Judicatura
‘Los cambios son necesarios’
El sistema ha sufrido una burocratización y este es uno de los principales frenos para mejorar y se refleja en todas las deficiencias que tiene la administración de justicia. Se profundizan la corrupción, retraso en el manejo de procesos y decisiones jurídicamente no aceptables. Todo eso afecta a la ciudadanía.
Se necesita empezar con una reestructuración profunda del Consejo de la Judicatura. Los funcionarios que fueron traídos de los juzgados deben regresar allá y contratar gente con perfil específico.
La pregunta 5 está planteada para dar funcionalidad a la propuesta de que sean cinco delegados los que formen el Consejo de la Judicatura.
NO
Punto de vista
Farith Simon / Catedrático Universidad San Francisco
‘Pudiera haber injerencias’
La intención de hacer cambios en el Consejo está justificada. Pero en el momento actual es peligroso, porque en caso de que quienes sean designados de las ternas que envían las diferentes instituciones, que hoy tienen un control claro de un movimiento político, esto podría generar un riesgo de injerencia en las decisiones disciplinarias y administrativas de la Judicatura.
Pero sí es conveniente de que los miembros del Consejo duren seis años. Eso evitará el riesgo de concentración de poder.
La reducción a cinco miembros también es bueno, ya que no es excesivo y porque garantizará que las decisiones sean tomadas con más eficiencia.