Mauricio Jaramillo, director General del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), aseguró ayer que el complejo judicial El Pedregal no tiene fallas estructurales.
“Ese inmueble está ahí desde hace cuatro años”, dijo al final de la presentación del tercer informe preliminar de la Veeduría Internacional a la reforma judicial.
Según el funcionario, cuando la Judicatura declaró a la propiedad de utilidad pública, el 21 de diciembre de 2011, se hizo con base en estudios técnicos del suelo. Explicó que los análisis fueron realizados por dos arquitectos, quienes garantizaron la vialidad del proyecto y la seguridad de la edificación donde funcionarán juzgados penales, familiares, etc.
Ayer, Carlos Coloma, coordinador de la veeduría a la Reforma Judicial de Pichincha, visitó por segunda vez en esta semana el complejo. Estuvo acompañado del jefe del Control de la Ciudad, designado por la Administración Zonal Norte del Municipio. Pero se les negó el acceso.
Luego, mantuvo una reunión con autoridades de la Administración de la Zona Norte, a quienes manifestó su preocupación acerca de la firmeza del suelo.
Coloma dijo que el personal encargado de la obra le había comunicado de la existencia de unos túneles de hasta 40 metros de largo por donde podrían presentarse filtraciones de agua.
Las autoridades indicaron que el martes dos inspectores municipales que visitaron El Pedregal enviaron una carta al comisario Juan Carlos Paredes.
En el oficio 1477-CC-2012, los inspectores dijeron que en el lugar observaron trabajos de adecuación en una estructura existente, que hay movimiento de tierra y de mampostería y que no se presentó un documento que justifique las obras realizadas. Esta inspección se hizo desde afuera. Se les impidió el ingreso. Jaramillo señaló que para iniciar los trabajos la Judicatura contó con un aval legal que les permitió la ocupación.