La vocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras, dijo este miércoles 19 de diciembre del 2018, que habría recibido amenazas por la elaboración del informe de la Mesa de la Verdad. Esa organización menciona a operadores de justicia, aparentemente, vinculados a casos de persecución política. Foto: Twitter CJ
La vocal del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Angélica Porras, informó este miércoles 19 de diciembre del 2018, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por haber recibido, supuestamente, amenazas por la labor que ejerce en la Mesa por la Verdad y la Justicia.
Esta organización independiente solicitó el martes 18 de diciembre al Consejo de la Judicatura, órgano rector de la justicia en Ecuador, que investigara la actuación de 495 jueces y fiscales que estarían involucrados en casos de persecución política, entre ellos catorce magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Porras anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que se inicie las investigaciones “de inmediato”, y aseguró que no pararán en el trabajo que vienen realizando.
“El objetivo de estas amenazas es frenar nuestro trabajo, pero nosotros continuaremos presentando los informes de la Mesa por la Verdad y la Justicia”, dijo antes de señalar que las amenazas las habría recibido desde el pasado 11 de diciembre.
Ante la situación, el presidente de la organización, Paúl Jácome, agradeció el apoyo de la vocal y solicitó mayor seguridad para poder continuar con el trabajo sin inconvenientes.
“La Mesa por la Verdad y la Justicia está topando intereses ocultos de personas con poder, por ello fuimos amenazados. Llamamos a la ciudadanía a estar vigilantes”, concluyó.
El pasado 10 de diciembre, la denominada Mesa por la Verdad y Justicia hizo público un informe sobre la situación de perseguidos políticos en Ecuador entre 2007 y 2017, años en que gobernó el expresidente Rafael Correa.
Hasta la fecha la organización ha identificado irregularidades en el debido proceso por parte de altos jueces, fiscales, juristas de cortes provinciales y de primera instancia, así como en tribunales penales y agentes fiscales, en causas que consideran objeto de persecución política.