Joven que perdió el cuero cabelludo en estación de bomberos de Tabacundo interpuso una demanda al Estado

De izquierda a derecha. Genoveva Ortega, Laura Maldonado y el abogado Alberto Castillo presentaron una demanda en contra del Estado por las lesiones provocadas a la joven en estación de bomberos. Foto: Cortesía

De izquierda a derecha. Genoveva Ortega, Laura Maldonado y el abogado Alberto Castillo presentaron una demanda en contra del Estado por las lesiones provocadas a la joven en estación de bomberos. Foto: Cortesía

De izquierda a derecha. Genoveva Ortega, Laura Maldonado y el abogado Alberto Castillo presentaron una demanda en contra del Estado por las lesiones provocadas a la joven en estación de bomberos. Foto: Cortesía

A las 13:38 de este miércoles 26 de febrero del 2020, el abogado de Laura Maldonado acudió ante el Tribunal Contencioso y Administrativo para presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano por las lesiones causadas a la joven, de 21 años. Ella perdió el cuero cabelludo durante un accidente registrado el 30 de mayo del 2015 en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Tabacundo, ubicado en el norte de Pichincha.

Ese día, Laura se presentó allí para la evaluación de las brigadas de Gestión de Riesgos que tomó para culminar el bachillerato. Genoveva Ortega, madre de la víctima, cuenta que su hija fue supuestamente obligada a pasar debajo de una motobomba encendida mientras le lanzaban agua con una manguera. Durante el ejercicio, el cabello de Laura se enredó en el cardán del vehículo. La tracción y giros de los piñones le arrancaron el cuero cabelludo.

“Al ser mi turno, por efecto del agua a presión que nos arrojaba desde la manguera uno de los bomberos, desvié involuntariamente el rostro y el motor jaló mi cabello. En ese momento, sentí un terrible dolor de cabeza”, explica la chica en la demanda. “Al escuchar mis gritos, y al ver que emanaba sangre, apagaron el vehículo; no obstante, mi cuero cabelludo se encontraba enredado semi-desprendido y atrapado en una de las motobombas, ante lo cual se acercó un uniformado y lo cortó”.

Al ser trasladada a un centro asistencial, la joven tenía una herida de 26 centímetros en la cabeza, también afectaciones en el oído. Presentó varias escoriaciones de medio centímetro de diámetro en el cuero cabelludo, con ausencia de cuello total y remelladuras en el mentón, entre otras lesiones.

Por su delicada condición de salud, ella permaneció 17 días en coma y tres meses hospitalizada. Le practicaron varias cirugías, trasladándola posteriormente a terapia intensiva. Para cuidarla, su madre renunció a su trabajo y se cambiaron de vivienda a Quito para seguir de cerca los trámites legales como el que presentó hoy con su abogado Alberto Castillo.

Laura sufre diariamente las secuelas de lo sucedido. Tiene una deformidad del párpado superior del ojo derecho. De igual forma, al presentarse una exposición escleral, su córnea quedó expuesta con riesgo de que se ulcere. Presenta una deformidad de región de la ceja izquierda con tracción superior de la misma, cicatrices faciales y en toda la piel.

“Padezco de múltiples áreas cruentas, existiendo zonas de piel que están expuestas con ruptura de cubierta cutánea que se han repetido en la región frontal y parietal en el lado derecho, también tengo una deformidad severa de todo el cuero cabelludo por lo que no volveré a tener cabello durante toda mi vida”, cuenta la chica. Además, las cicatrices de su cara pueden generar ulceras en el ojo y es posible que llegue a perder la vista.

“Existe riesgo de presentar a futuro un carcinoma de piel, el cual se produce por procesos repetitivos crónicos, siendo necesario realizar múltiples injertos de piel por varios años o la realización de una reconstrucción microquirúrgica de todo el cráneo”, acotó en la demanda. De hecho, en los últimos días, ella fue sometida a peritajes que ratificaron varias afectaciones a nivel psicosocial.

Además, obtuvo el certificado del Conadis, el cual establece un porcentaje de discapacidad del 56%. Especifica que padece discapacidad psicosocial en grado grave. “Se me ha dificultado continuar estudiando y mis posibilidades para conseguir un trabajo estable son escasas o nulas, ya que mis capacidades físicas actuales me impiden desempeñarme con eficiencia”.

Ante esa realidad, la chica y su familia piden que se declare la responsabilidad objetiva del Estado ecuatoriano respecto a lo sucedido y se logre una reparación integral. La madre busca justicia ya que será muy complicado que su hija pueda salir a trabajar como lo hacen otras personas normalmente.

También que se agilice el proceso. “Ya van a ser cinco años y la vida de mi hija se arruinó”, manifestó. Al principio seis personas fueron sentenciadas a un año y ocho meses de privación de la libertad por el Tribunal de Garantías Penales, pero cuatro apelaron. Ese proceso se encuentra en la Corte Nacional de Justicia a la espera de que se resuelva el recurso de casación interpuesto por dos de los procesados.

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