Imagen referencial. Los agentes de la Policía hallaron el cuerpo de Maribel con 113 heridas de puñal, causadas por un joven de 25 años. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
El caso conmocionó a Cuenca. Era lunes 3 de noviembre de 2020. El Ecuador estaba de feriado por las fiestas de esa ciudad y ese día se habló de la muerte violenta de una mujer. La información se conoció poco a poco.
Pasadas las horas, los policías dijeron que se trataba de un femicidio, que un hombre había atacado a una mujer y que le había proporcionado 113 puñaladas. Ella fue identificada como Maribel, de 38 años.
Cuatro meses después, la jueza Soraya Quintero llamó a juicio al principal sospechoso del hecho violento, un joven de 25 años.
En la investigación, la Fiscalía determinó que la noche de ese 3 de noviembre, el acusado llevó a Maribel hasta una mecánica situada en las calles Carihuairazo y Hurtado de Mendoza (parroquia Totoracocha) y ejecutó el ataque.
Los policías dijeron que horas después de esa escena, cerca de las 04:00 del 4 de noviembre, fueron alertados que dentro de la mecánica se escucharon gritos y que al parecer había una pelea entre un hombre y una mujer.
“En el momento en que los agentes llegaron al inmueble, el imputado intentó huir”, dice la Fiscalía.
Los agentes lo detuvieron y “observaron que tenía sus manos, rostro y pantalón manchados con sangre”.
La Fiscalía señala que durante el allanamiento a la mecánica, la mujer fue encontraba sin su ropa y con varias heridas en su cuerpo.
La Fiscalía presentó a la jueza, las versiones de la hija y dos amigos de la víctima. Además, entregó los testimonios de los policías que acudieron al lugar de los hechos y de agentes de la Dinased que investigaron el caso.
A esto se sumaron tres informes de pericias psiquiátrica, psicológica y la evaluación de entorno social realizados al acusado.
El acta de levantamiento del cadáver y el informe médico-legal fueron otros elementos.
Si después de todo el juicio, el procesado es hallado culpable podrá recibir una pena de 22 a 26 años de cárcel. Así lo determina el Código Orgánico Integral Penal (art. 141).
