Jorge Glas y Wilson Pástor están indagados por peculado y enfrentan una glosa
El fiscal Carlos Baca anunció el jueves, 3 de agosto del 2017, el inicio de una indagación en contra del vicepresidente Jorge Glas por peculado. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
El informe con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría envió a la Fiscalía por la concesión del bloque Singue al Consorcio DGC tiene tres partes medulares.
La subestimación de las reservas de crudo, la fijación de una tarifa mayor a la que técnicamente debía establecerse y el traspaso de las acciones del bloque a la empresa Gente Oil Ecuador. En esta compañía cumplió las funciones de vicepresidenta Silvana Pástor, dos semanas después de que su padre, el entonces ministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, firmara el contrato de concesión petrolera.
Uno de los principales indicios identificados por los auditores que hace presumir un delito de peculado es el estimado de reservas de crudo que tenía el yacimiento. El contrato de prestación de servicios, firmado en abril del 2012, calculó las reservas en 2 040 556 barriles de crudo, lo cual fue autorizado por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COHL). Este organismo estuvo integrado por el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas; el ministro de Hidrocarburos -hoy prófugo- Carlos Pareja, y la coordinadora del Ministerio de Recursos no renovables, María Lorena Espinoza, entre otros funcionarios.
Los datos de las reservas supuestas fueron elaborados por José David Burgos, subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, quien, luego de tres meses de suscrito el contrato de explotación, también pasó a trabajar como empleado del consorcio DGC. Además de firmar el informe de las reservas supuestas, Burgos fue parte de la comisión que analizó la oferta económica del consorcio, así como del equipo técnico que negoció la tarifa.
Hasta septiembre del 2016, el bloque Singue produjo
4 993 459 barriles de petróleo, superando en más de
2 2952 903 el estimado del contrato. En tres años (2013-2016) ya se explotó el 244% de lo que inicialmente estaba previsto para 20 años. Por esta producción el Estado pagó al consorcio USD 137,5 millones.
De esta operación, precisamente, se desprende otro de los indicios penales. Pese a que la contratista informó anualmente a la Secretaría de Hidrocarburos la producción fiscalizada y las reservas obtenidas del bloque Singue, sus autoridades no revisaron la tarifa de USD 33,50 que se negoció en el contrato, según el examen final del organismo de control, aprobado el martes pasado por el contralor (e) Pablo Celi.
Como consecuencia de la fase de negociación, al no considerar el 100% de las reservas oficializadas, la producción se incrementó en 2 952 903 barriles fiscalizados en 4 años, ocasionando una diferencia en la tarifa de USD 1,05 por barril extraído. Eso implicó un perjuicio para el Estado de 5,2 millones. Sin embargo, el entonces secretario de Hidrocarburos, Aníbal Cazar, no recomendó la suscripción de un contrato modificatorio, que es lo acostumbrado en estos casos, para revisar los términos y condiciones económicas de la tarifa, que debió fijarse en 32,45.
Otro elemento que configuraría un presunto abuso de fondos públicos es la solicitud de transferencia de acciones de Dygoil a Gente Oil Ecuador (ambas parte del consorcio), que fue analizada por el Secretario de Hidrocarburos. Él emitió un informe favorable, pese a que Gente Oil Ecuador se constituyó el 15 de marzo de 2012 –un mes antes de la concesión- en Singapur, y su solvencia financiera y capacidad operativa fueron justificadas a través de sus compañías accionistas: Gente Holdings y Gente Oil Group. No por la propia contratista adjudicada.
Tras detectar estas y otras anomalías en el contrato y operación del Consorcio, la Contraloría envió a la Fiscalía un informe con indicios penales en contra de 21 funcionarios, incluidos el vicepresidente Glas, el exministro Pástor, el exviceministro Carlos Pareja, y Silvana Pástor.
Wilson Pástor, quien está fuera del país, dijo vía correo electrónico que el informe de Contraloría está orientado a desprestigiar las contrataciones petroleras del anterior gobierno y no tiene fundamentos legales ni técnicos. La hija del exministro comentó que no ha sido notificada oficialmente con el informe y que se pronunciará luego de revisarlo.
Glas reconoció ayer que fue miembro del COLH y explicó que se trataba de una etapa precontractual, un directorio que aprueba una negociación. “Yo fui parte de ese Comité, pero mire van a venir muchos de esos temas (…) en contra de muchos funcionarios del período anterior, de la revolución ciudadana”.
Glas dijo haberle pedido al exministro de Recursos no Renovables, Wilson Pástor, que regresara al país para explicar su participación en el contrato. “Él ya había descargado este tema en la Contraloría y ahora tenemos que hacerlo ante la Fiscalía General”.
Por su parte, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, confirmó que el vicepresidente Glas es indagado por un ‘potencial’ delito de peculado. El expediente judicial se abrió en las últimas horas, luego de recibir el informe de Contraloría.
Baca Mancheno aseguró que este es el primer informe con indicios penales que llega a la Fiscalía en contra del vicepresidente Glas. Y aclaró que por el momento no cabe ninguna medida cautelar en contra de las personas investigadas. “Jurídicamente no es posible”, dijo, ante la posibilidad de prohibir la salida del país a los sospechosos en este caso.
Adicionalmente, la Fiscalía dispuso de “forma inmediata” la realización de diligencias, recepción de versiones y solicitudes de información con relación a los hechos relatados en el examen especial.
Por ahora, el caso entró en una etapa reservada de investigación. Esta fase puede extenderse hasta dos años. Luego, la Fiscalía debe imputar cargos en contra de los investigados y si no se hallan evidencias se archivará el expediente. Pero Baca aseguró que no se tomarán tanto tiempo y que apresurarán las investigaciones.
Además del proceso penal, Glas y el resto de involucrados enfrentan procesos civiles y administrativos también determinados por la Contraloría. Los próximos 60 días deberán presentar descargos a una glosa de 5,2 millones por los perjuicios que el contrato le causó al Estado. La sanción incluye la destitución del cargo que ejercían los funcionarios si la glosa se confirma.
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