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Fiscal alista pruebas para juicio de Yunda

Manifestantes contrarios al Alcalde llegaron el lunes a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Manifestantes contrarios al Alcalde llegaron el lunes a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Manifestantes contrarios al Alcalde llegaron el lunes a las afueras de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La diligencia terminó ayer (30 de abril del 2021) antes del amanecer. El juez Vladimir Jhayya concluyó con la lectura de su resolución a las 05:00. Allí expuso las razones por las que llamó a juicio a los 14 procesados en el caso de presunto peculado por la adquisición de pruebas covid-19, por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

¿Qué procede de aquí en adelante?

Una vez recibida la resolución por escrito, la Corte de Justicia de Pichincha realizará un sorteo para escoger a tres jueces que integrarán el Tribunal que estará a cargo del caso.

Los magistrados convocarán a los 14 procesados y a la Fiscalía para que presenten sus pruebas de cargo y de descargo. Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, ya anunció que presentará 199 testigos para sostener que hubo un supuesto peculado en la adquisición de 100 000 test covid-19.

Entre los convocados por la Fiscalía estarán 10 agentes de la Policía, 10 funcionarios del Municipio -entre ellos dos concejales-, 90 trabajadores de instituciones públicas y privadas que emitieron documentación relevante en este caso y 89 peritos que deben defender sus informes levantados durante la etapa de investigación.

Además, prevé presentar cerca de 200 documentos, entre ellos dos informes que indican que los test que llegaron a la Secretaría tenían menor sensibilidad que la especificada en el contrato suscrito en abril del 2020 y las resoluciones firmadas por el Alcalde con las que, supuestamente, habría “allanado el camino” para que se compren las pruebas que, supuestamente, no cumplían con las especificaciones.

Los abogados también tienen identificados los elementos que usarán en esta nueva etapa. La defensa del Alcalde tiene listas 127 pruebas -testimonios, documentos y pericias- para presentar en el juicio. Juan Pablo Albán es el abogado de Yunda. Él mostró su malestar por el proceder del juez Jhayya en el final de la audiencia preparatoria de juicio.

La diligencia fue convocada el jueves, a las 08:30, y tras casi 20 horas desde su instalación y luego de la intervención de 10 de los abogados (cuatro hablaron en días previos), a medianoche el juez pidió tiempo para deliberar. A las 04:00 volvió a la Sala de la Corte Provincial de Pichincha para dar a conocer que acogía el pedido del fiscal provincial, Alberto Santillán, para llamar a juicio a todos. Los abogados y procesados estaban conectados vía telemática hasta la madrugada.

Albán incluso no se explica cómo el magistrado evacuó los cerca de 400 cuerpos legales con cerca de 40 000 hojas y las 14 intervenciones de los juristas en cuatro horas.

Protestas similares vinieron de otros abogados. María Dolores Miño, quien patrocina a Linda Guamán, asesora de la Secretaría de Salud municipal, dijo que en la fundamentación del juez no existen respuestas a las alegaciones que hicieron los procesados en la audiencia.

Esta defensa alista al menos 200 elementos para asistir al juicio; allí constarán certificaciones que indican que las pruebas RT Lamp que llegaron a la Secretaría también son consideradas PCR.

De su lado, Nicolás Salas, abogado de Ximena Abarca, secretaria de Salud, alista 80 documentos, entre ellos la Ley Humanitaria. Con esa normativa prevé refutar el señalamiento de Fiscalía, de que ella debió terminar el contrato de forma unilateral por incumplimiento de la contratista. “La disposición transitoria decimonovena lo impide”, dijo.

¿Qué pasa en el Municipio de Quito?

La próxima semana la Comisión de Mesa, presidida por el vicealcalde Santiago Guarderas, tiene previsto sesionar para tratar el tercer pedido de remoción en contra de Yunda.

Dicha petición fue presentada a nombre del representante de la Coordinadora Andina de Derechos Humanos (Cadhu) y de otras tres agrupaciones.

El miércoles, esa instancia del Concejo Metropolitano inició el trámite del primer pedido hecho por el colectivo Quito Unido. Allí se definió que, para constatar el cumplimiento de los requisitos, se analizaría punto por punto lo establecido por el Código de Ordenamiento Territorial.

A día seguido, la Mesa resolvió que ese colectivo cumplió con los requisitos formales, por lo que se abrió un periodo de prueba de 10 días para que Yunda y los representantes de Quito Unido presentasen sus pruebas de cargo y descargo.

El segundo pedido de remoción, firmado por Carolina Moreno como representante del Frente de Profesionales por la Dignidad, también fue calificado la tarde del jueves pasado. En ese escenario, Yunda intentó que se removiera a Guarderas de la Comisión de Mesa con una recusación, pero su solicitud no prosperó.

Una vez que alguno de los pedidos llegue al Pleno del Concejo, se requieren 14 votos para remover al Alcalde. Hasta el momento, ningún concejal ha expresado su apoyo a Yunda. Sin embargo, en el cuerpo edilicio hay división de criterios entre los concejales de Compromiso Social (correísmo) y lo que alguna vez fue Coalición por Quito, integrada por Unión Ecuatoriana, Concertación, Izquierda Democrática y Creo.