Jorge Glas se encuentra preso en la cárcel de Cotopaxi, en donde cumple la sentencia por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Ecuador que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Jorge David Glas Espinel”. Así reza en un documento firmado por el secretario ejecutivo Paulo Abrão, que se hizo público la tarde de este 2 de enero del 2020.
Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, se encuentra detenido desde el 2 de octubre del 2017. Esa noche fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito. El 13 de diciembre de ese año fue sentenciado a seis años de cárcel por la trama de corrupción en el caso Odebrecht. El 3 de enero del 2018 perdió su cargo, por ausencia definitiva. Y el 21 de octubre de ese año fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, al norte de Latacunga, por razones de seguridad.
Aunque la CIDH en su pronunciamiento no se refiere al encarcelamiento de Glas ni a los procesos penales que se siguen en su contra, el abogado del exvicepresidente, Fausto Jarrín, considera que “la justicia a veces tarda pero siempre llega”. Según él, “la CIDH nos acaba de conceder medidas cautelares a favor de Jorge Glas”.
Según la resolución, la CIDH encontró “suficientemente establecida la existencia de una situación de grave riesgo, en relación con los derechos a la vida e integridad personal del señor Jorge David Glas”.
El organismo internacional especifica que el exfuncionario ha recibido amenazas y que “ante la ausencia de medidas efectivas” para asegurar los derechos de Glas “se encontraría susceptible a la materialización de una violación de sus derechos”. El texto agrega: “De ahí que el Estado tiene la obligación de implementar en el menor tiempo las medidas que considere adecuadas para protegerlo”.
Este Diario conoció que la CIDH notificó su resolución a la Procuraduría General del Estado la tarde de este jueves.
Glas sigue preso en la cárcel de Cotopaxi, donde cumple sentencia por asociación ilícita en el caso Odebrecht. También tiene orden de prisión dentro de la investigación por supuesto peculado en la adjudicación del campo petrolero Singue.
El exvicepresidente está procesado, pero aún sin condena, por supuesta concusión en el llamado caso Sobornos 2012-2016. Este expediente tiene que ver con la captación de coimas de contratistas estatales, sobre todo empresas constructoras, quienes entregaron dinero a Alianza País (movimiento político del correísmo) a cambio de recibir contratos del Estado.