En noviembre, el procurador Íñigo Salvador estuvo en la Corte por estos temas. Foto: Cortesía
La audiencia duró 45 minutos. La tarde del 16 de octubre del 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia rechazó el último recurso presentado por el exvicepresidente Jorge Glas y dejó en firme la condena de seis años, que 23 meses antes se había dictado por la trama de Odebrecht.
Un año y dos meses después de esa decisión final, ni Glas ni su tío Ricardo Rivera ni otros seis procesados han pagado los USD 33,3 millones que los jueces nacionales fijaron como reparación a favor del Estado.
Este no es el único caso en el que ocurre aquello. Hoy, la Procuraduría General del Estado tramita la recuperación del dinero en otras seis causas de connotación nacional.
El monto de reparación que está por cobrar asciende a USD
105 millones. Información oficial muestra que Glas es dueño de dos departamentos en Quito y un inmueble en Atacames, Esmeraldas.
La Procuraduría dice que en junio pasado investigó los bienes a su nombre y con esa información solicitó a un Tribunal que autorizara el inicio de un proceso para que se concrete la reparación al Estado.
Según la entidad, han insistido por escrito en seis ocasiones para que despachen ese pedido y no hay respuesta.
Tampoco se puede cobrar al exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, sentenciado a cinco años por cohecho. Él y otros imputados no han pagado USD 50,4 millones. Esto ocurre pese a que fueron condenados en última instancia hace dos años y cinco meses.
Algo similar ocurre con Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa.
Han pasado tres años desde que la pena de ocho años por peculado quedara en firme y aún no se recupera el dinero establecido como perjuicio.
Se ha obtenido información sobre los bienes que tiene el sentenciado. El 20 de julio pasado se remitieron esos datos a un juez de Pichincha, para que disponga el proceso de embargo, pero la Procuraduría dice que no hay avances.
En cambio, el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, que fuera encontrado culpable del delito de lavado de activos, hoy está fuera de la cárcel. Hace 12 días ofreció disculpas públicas al país pero no cancela los USD 666 666, ordenado por los magistrados.
En esta trama, él y otros dos deben cubrir USD 2 millones.
Un Tribunal Penal dio 30 días de plazo para el pago.
Si no cancelan esos valores hasta el 11 de diciembre, la Procuraduría iniciará la identificación de sus propiedades, para el posterior embargo y remate.
En el caso Sobornos, el 6 de noviembre se solicitó a un Tribunal que autorizara el inicio de un proceso para que cumplan con la indemnización al Estado por USD 14,7 millones.
A los condenados se les dio un plazo de 30 días. Ese tiempo venció el 6 de noviembre y solo dos de los 20 sentenciados se pronunciaron. José Hidalgo entregó USD 368 632,43 y Víctor Fontana USD 778 224,17.
Para recuperar el resto, la Procuraduría envió al alto Tribunal un informe en el que se detallan los 122 bienes (casas, terrenos, departamentos y vehículos) que los condenados tienen en el país. La intención es que se disponga el inicio del embargo para el remate.
La defensa del Estado indica que tampoco se ha avanzado.
Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, indica que el tiempo que se toman los magistrados para sus pronunciamientos depende de cada uno y que la entidad no puede intervenir.
Los procesos de cobro que más han avanzado son los de María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, y de Alex Bravo, exdirectivo de Petroecuador.
Ambos fueron condenados por enriquecimiento ilícito.
En el caso de Bravo, en enero del 2019 se recuperaron USD 37 423,87 de una cuenta bancaria. Este año, tras una disposición judicial, sus bienes pasaron a Inmobiliar.
En el 2019, a Larrea le embargaron la mitad de un departamento en el Quito Tenis.
Este año confiscaron un consultorio en Guayaquil y ocho propiedades en El Empalme-Guayas. 300 joyas también pasaron a poder de las autoridades. Entre las alhajas constan 18 relojes de marca, 48 pares de aretes, 46 anillos, 75 cadenas, entre otros.
