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Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia: La lucha contra la corrupción no recae solo en el Ejecutivo, sino en todas las instituciones del Estado

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, habla de la lucha del Gobierno contra la corrupción. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, habla de la lucha del Gobierno contra la corrupción. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia, habla de la lucha del Gobierno contra la corrupción. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Ante los casos de corrupción, el presidente Lenín Moreno propuso a la Asamblea un proyecto de ley para tipificar como delito la elusión de procedimientos precontractuales y contractuales. El documento tuvo ya una respuesta de los asambleístas. Hay legisladores que consideran que no se tramitaría en el actual Gobierno ¿Cuál es su reacción?

La Asamblea Nacional debe dar la importancia que merece este tema. Desde el primer año de gestión del presidente Lenín Moreno se ha luchado contra la corrupción. Este no es el primer proyecto de ley que enviamos, pues este aspecto ha sido uno de los ejes de su mandato.
Espero, dentro del profundo respeto que existe a las distintas funciones del Estado, que la Asamblea tenga un poco de sensibilidad con estos temas, porque la ciudadanía merece tener respuestas rápidas. Lamentablemente la corrupción sigue pasando y no tenemos herramientas jurídicas para que los operadores de justicia puedan actuar de la mejor forma y con celeridad.

¿Qué plantean las reformas que enviaron a la Asamblea?

Hemos visto que se requiere cierta normativa penal y administrativa para fortalecer el control en la contratación pública para que exista transparencia y se sancione la corrupción. Lamentablemente, a diario se han vistos casos de corrupción que necesitan una atención emergente. Es por eso que se crea lo que se denomina el delito de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia.

La propuesta establece que de acuerdo al monto del eventual daño causado se aplicaría un pena que va desde 1 a 25 años de cárcel. También se plantea la inhabilitación para ejercer un cargo público nuevamente y la prohibición para contratar otra vez con el Estado, en el caso de ser contratista.

Lo que buscamos también es que dentro del proceso de investigación se pueda aplicar una medida cautelar, en el que el fiscal podrá disponer la suspensión de esa contratación que se encuentre en curso en cualquiera de sus fases. Así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite.

Desde un inicio han propuesto leyes para afrontar el problema de la corrupción. Pero los proyectos no se aprueban en la Asamblea. ¿Considera que hay un muro en el Legislativo para que pasen esas propuestas?
Sí, así es. Como Ejecutivo seguiremos cumpliendo nuestro deber con los ciudadanos. De parte de la Secretaría Jurídica existe toda la apertura para fortalecer estas propuestas de ley. Hay que dejar a un lado las posturas de carácter partidario y personales que puedan presentarse.

Cuando falta un año, en el tramo final del mandato de Lenín Moreno, ¿cree que hay una deuda en cuanto al combate a la corrupción?
Se podría considerar como una deuda social, porque la lucha de la corrupción no es un tema solo del Gobierno. Nosotros hemos hecho muchísimas acciones durante los tres años de mandato y lo haremos hasta el último día del periodo presidencial. Enfrentar ese problema no es una cuestión solo del Ejecutivo, sino también se requiere la cooperación del resto de instituciones del Estado.

Hace meses se sentaron en una mesa los representantes de la Fiscalía, UAFE, Secretaría Anticorrupción, Contraloría, Judicatura y firmaron un documento en el que se comprometieron a luchar contra la corrupción. Vemos que no ha pasado nada. ¿Qué pasó?
Es un tema lamentable, creo que se necesita la voluntad política e institucional que nunca le ha faltado al Presidente de la República. Seguiremos incentivando este tipo de encuentros y coordinaciones a fin de lograr el objetivo. Justamente el punto es buscar una normativa que nos permita mayores controles y eficacia en la recuperación del dinero que se perdió por las acciones de carácter ilícito.

La Comisión Internacional contra la Corrupción tampoco ha funcionado
Sí se ha avanzado. Hemos llegado a ciertos acuerdos con quienes forman parte de esto. La idea es tener una comisión permanente, que se fortalezcan los controles y que exista una asesoría internacional que nos permita avanzar en la lucha contra este mal. Yo creo que veremos esto en muy poco tiempo.

¿Fue un error haber creado la Secretaría de Corrupción y que a la final el Presidente la eliminó?
Yo no lo vería así. Creo que todos los aportes de las distintas funciones del Estado son importantes para esta lucha. Nosotros tratamos de ayudar a través de la Secretaría, pero si en la práctica ocasionaba conflictos o trabas queremos aclarar que esa nunca fue nuestra intención. Esperamos que la Fiscalía y Corte Nacional cumplan con su labor dentro de las competencias que les otorga la Constitución. No la podría calificar como un error, sino como una experiencia positiva dentro de esa colaboración que siempre debe existir para combatir la corrupción.

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