En Guayaquil, 100 miembros del Issfa se reunieron. Foto: Enrique Pesantes/EL COMERCIO
Anacrónica. Así califica el Gobierno a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), vigente desde 1992. Por eso, desde la semana pasada ha planteado debatir la forma como se calculan actualmente los montos de las pensiones de los soldados. Hay preocupación por la sostenibilidad del seguro militar.
Históricamente, para financiar el fondo de pensiones del Issfa, el Estado entrega un subsidio mensual que equivale al 60%. El otro 40% lo aportan los militares activos de su sueldo y el Ministerio de Defensa, como empleador. Pero ahora la contribución de los uniformados y de Defensa ya no “alcanza” para cubrir ese 40%, según lo admitió el viernes Fernando Cordero, titular de esa Secretaría de Estado.
Para solventar el déficit, el Issfa utiliza los rendimientos de las acciones que tiene en diversas empresas (Omnibus BB, Andec, el Hotel Marriot…).
Este panorama llevó al Gobierno a hablar de un debate y de posibles cambios. La Ley del Issfa señala que cuando hay un incremento salarial entre los militares activos, automática y proporcionalmente se da un aumento en el monto de las pensiones de los pasivos.
Según Cordero, los pensionistas hoy ganan más que los soldados activos, pues ya no aportan al Issfa y no tienen descuentos en el rol de pagos.
“No puede ser posible que le suban a un general de USD
1 500 a USD 5 600 (cuando hubo la homologación de salarios) y al que estaba ya retirado de general le suban lo mismo. Eso hay que debatir porque no está financiado”. Yaseguró que es necesario explicar de dónde salió el dinero.
“¿Estaba el Issfa preparado para subir una pensión de un fondo que supuestamente era previsional, guardado con poco?”.Solo en pensiones, se conoce que el Issfa desembolsa USD 30 millones cada mes.
Otro de los problemas es la relación activos-pasivos. Los datos señalan que hay 41 000 uniformados en las FF.AA. frente a más de 36 000 pensionistas. Es decir, a corto plazo, por cada soldado en servicio activo habrá uno pasivo.
Las autoridades reconocen que eso “va a traer problemas”. De hecho, hoy, 15 de febrero del 2016, el Consejo Directivo del Issfa, integrado por la nueva cúpula militar, el ministro Cordero, y dos representantes de los soldados en retiro, desarrollará una sesión extraordinaria en la sede del organismo, en el norte de Quito, para discutir estos problemas.También se posesionará oficialmente al general Juan Vivero, como director del Issfa, tras la sustitución del almirante Freddy García.
El 7 de febrero, un día después de la destitución del Alto Mando, el presidente Correa advirtió que es necesario cambiar los montos de las pensiones de los soldados. Dijo que el pago que reciben es “tal vez” el mejor “del mundo, sobre todo el de los altos oficiales”.
De ahí que propuso “un ajuste”. “Hay que enfrentar ese problema. Ojalá podamos subir a los que ganan menos (…) y bajarle un poquito a los que se jubilan con USD 5 000, no hay derecho a recibir tanto”.
Hay dos alternativas para lograr esa reforma: la una es congelar las pensiones actuales, y la segunda, reducir las de aquellos militares que se jubilen en el futuro.
Incluso el año pasado ya se habló de un posible incremento en los años de servicio previo a la jubilación. Actualmente, un militar puede retirarse luego de cumplir 20 años en las Fuerzas Armadas. El proyecto, que nació por iniciativa del Issfa, propone aumentarlo a 30 años.
De esta manera, los soldados aportarían una década más al Issfa y eso reduciría los riesgos que vaticinan para el futuro. 45 años es la edad promedio en la que hoy se jubilan los militares, según asociaciones de soldados en servicio pasivo.
En medio de estos hechos, los uniformados jubilados anunciaron más movilizaciones en Quito y Guayaquil por la polémica en torno a los 66 terrenos que vendió el Issfa al Ministerio del Ambiente, en el 2010, en Samanes, Guayaquil.
Uno de los plantones será mañana afuera del Ministerio de Defensa, en el centro de Quito. Los pensionistas no están de acuerdo con el descuento de USD 41 millones que anunció el Gobierno por el aparente sobreprecio en la venta de los 66 lotes.
