La mañana del viernes último, dos obreros pintaban las paredes de la Unidad de Policía Comunitaria en La Colmena (Centro Histórico de Quito). Junto a ellos estaban un saco de cemento, frascos vacíos y una escoba sobre el piso.
En los casi dos meses que duró la obra, ellos también colocaron baldosas y construyeron la tercera planta. En una de las ventanas colgaron un letrero metálico que muestra el costo de la inversión, USD 17 399 , y el plazo en que esta debe ser entregada (60 días).
Esa es una de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en proceso de ampliación y rehabilitación a cargo del Municipio de Quito. Según la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad (EM-Seguridad Q), desde agosto del 2009 hasta el 2 de abril del 2012 se han invertido USD 1 641 656 en la construcción, mantenimiento y ampliación de las UPC. “En este año, (el Municipio) no ha construido nuevos puestos policiales, pues se terminaron las obras iniciadas en el 2011”, señala Guadalupe Estévez, gerenta de EM-Seguridad Q.
A escala nacional, en cambio, el Ministerio del Interior tiene previsto invertir el 28% del presupuesto de este año (USD 211 millones) en la creación de 425 UPC y 10 unidades de vigilancia, según el Plan de Seguridad de esa Cartera de Estado. En las 24 provincias se cuenta hoy con más de 1 500 unidades comunitarias.
¿La construcción de nuevas unidades policiales en los barrios ha frenado la inseguridad en Quito? Según los datos del último informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), las denuncias en tres tipos de delitos se incrementaron.
La sustracción de pertenencias al descuido (hurtos) casi se triplicó: en el 2010 se registraron 383 denuncias y en el 2011 hubo 1 118. En lo que respecta a los casos de robos y asaltos a personas se reportaron 5 315 en el 2010 frente a los 6 121 del 2011. La administración zonal más vulnerable es la Norte con 3 118 hechos registrados solo el año pasado. En cuanto a los robos a casas, los casos aumentaron de 2 044 en el 2010 a 2 236 en el 2011 (ver cuadros de estadísticas).
Esto ocurre pese a que, desde agosto del 2009 hasta abril del 2012, en Quito se construyeron 23 nuevas UPC en las administraciones zonales de Calderón, Centro, Eloy Alfaro, La Delicia, Norte, Quitumbe, Tumbaco y el valle de Los Chillos. El monto de estas obras de infraestructura sobrepasó los USD 350 000.
Frente al incremento de delitos, Estévez dice que lo primordial en esos casos es apuntar hacia otros objetivos. Por ejemplo, invertir en el mejoramiento de los espacios públicos donde se presume que se esconden los infractores, en las tareas de coordinación entre la gente y la Policía Comunitaria, implementar las alarmas en los barrios, etc.
Para Fran Molina, director ejecutivo de la organización Marcha Blanca, las medidas que aplican las autoridades solo son reactivas. Dice que la construcción de más UPC e incremento del número de gendarmes no son la única solución para frenar los delitos.
Aunque las autoridades municipales y gubernamentales se han encargado de la construcción y remodelación de los puestos policiales, todavía existen unidades que se encuentran en malas condiciones. Por ejemplo, las paredes del baño y de una habitación están cuarteadas en la UPC de La Vicentina. El techo raso está deteriorado y hay una grieta en el piso. Las camas que ocupan los uniformados que trabajan allí están en una pequeña habitación. Ellos no comentan sobre el tema.
Otra observación realizada por Marcha Blanca es que los 1 400 policías que trabajan en las 270 unidades policiales de Quito son insuficientes. Incluso el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, general Juan Carlos Rueda, admite que hay falta de personal. “Hacemos los esfuerzos para incorporar una cantidad mínima de uniformados para la operación de las unidades. Debo indicar que hay un déficit que se corregirá en el futuro con la incorporación de nuevos policías”, señala el oficial en una carta dirigida el 10 de julio pasado a esa organización por el tema de la situación de las UPC en la capital.
El oficial también hace otra revelación en lo que se refiere al presupuesto: “Los recursos fluyen por diferentes canales, uno es EM-Seguridad Q, de los recursos que se asigna de la tasa de seguridad, porcentaje que cada vez es menor”. Estévez dice que a partir de este año el Ministerio del Interior se encarga de la construcción de unidades de Policía Comunitaria en el país y la capital.
Las obras se ejecutan de acuerdo a un nuevo sistema de distribución y territorialidad de las UPC, las cuales dividen en circuitos y subcircuitos. El presupuesto de la tasa de seguridad en Quito, según Estévez, es de USD 7 millones. Este se invierte en las alarmas comunitarias, sistema de mantenimiento preventivo y dotación de combustible de motos y vehículos, intervención de espacios públicos considerados peligrosos por falta de iluminación u otros servicios, mantenimiento de las UPC, capacitación policial.
A escala nacional
El Ministerio del Interior entregó el viernes cinco UPC en Cuenca. Cada uno puede albergar 16 uniformados.
En Machala (El Oro) se entregaron seis unidades de Policía Comunitaria.Se encuentran en los barrios: Brisas del Mar, Lilian María 2, ciudadela Las Palmeras, Luis Alberto Chapín (La Unión), Cuba Libre y 19 de Noviembre.
En los próximos días comenzará la construcción de dos UPC en Babahoyo y Quevedo.
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