Podcast: Entérese con EL COMERCIO, 25 de junio del 2021
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Transición: Inseguridad y drogas, dos retos pendientes

Tras la matanza del 23 de febrero pasado, un grupo de presos fue reubicado de la cárcel de Guayaquil. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La matanza de 79 presos en cuatro cárceles dejó ver cómo las mafias locales se han identificado con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sus emisarios mantienen una disputa que les permite controlar zonas para vender droga y rutas para trasladar el narcótico a EE.UU., Centroamérica y Europa.

Informes oficiales dicen que ese fenómeno ha desatado una ‘guerra’ que se ha trasladado a las calles del país.

Guayas es una de las provincias afectadas. El 19 de marzo último, un hombre fue decapitado en Los Esteros, un sector de Guayaquil. Su cabeza fue embalada en un saco de yute.

Un mes antes, en una zanja, los agentes hallaron un cadáver desmembrado y dividido en cinco fundas negras, en el sector de La Aurora.

En esa ciudad, encapuchados asesinaron hace dos meses a cinco miembros de una familia, incluida una bebé. Las pesquisas identificaron que en estos crímenes estaban involucrados miembros de las bandas que se enfrentaron en las cárceles.

En El Oro, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos también se registran muertes violentas. En esta última provincia, solo entre el jueves y viernes últimos fueron asesinadas siete personas. Las estadísticas han aumentado en todo el país.

En Quito se siente esa violencia. Hace tres semanas, armados atacaron a Harrison Salcedo, quien fuera abogado de ‘Rasquiña’, el extinto jefe de Los Choneros. Antes ya hubo tres ataques mortales tipo sicariato.

Como parte de las soluciones a la ola de violencia, el Gobierno envió la semana pasada 500 nuevos policías a Guayaquil para apoyar en los patrullajes. Además, destinó más uniformados a Manta, también afectada por choques entre redes criminales.

El Régimen fortaleció los servicios de Inteligencia y los operativos para desarticular bandas e incautarse de los cargamentos clandestinos.

El año anterior, la Policía requisó 128,4 toneladas de droga. Es la mayor cantidad de incautaciones que se ha dado en el país. Superó al récord del 2016, cuando 110 toneladas fueron decomisadas. En este año, además se interceptaron ocho narcoavionetas.

Como parte de las estrategias contra el narcotráfico, el Gobierno tiene el apoyo de Estados Unidos. Desde septiembre del 2018, el avión Orion P3 patrulla la zona marina. Antes salía desde Guayaquil y Manta para cumplir con los sobrevuelos, pero desde inicios de mes lo hace también desde San Cristóbal, en Galápagos.

El Estado ha invertido en nuevo equipamiento para controlar las fronteras. El martes entregó 12 lanchas nuevas para la frontera norte, en donde en el 2018 se desató una crisis que dejó 10 muertos. Entre ellos, tres trabajadores de este Diario.

Con este panorama, Guillermo Lasso asumirá el 24 de mayo el mando. Como parte de su estrategia está fortalecer a la Policía y a las FF.AA. para combatir a la delincuencia y resguardar las fronteras para “detener la amenaza del narcotráfico y de otros delitos”. En sus recorridos prometió “más personal, capacitación, entrenamiento adecuado y equipamiento para toda la fuerza pública”.

En relación con el crimen organizado propuso enfrentarlo a través de la cooperación internacional. Dijo que entregará más recursos a la Fiscalía para que agilite la indagación de los ilícitos y de las tramas de corrupción.

En esta última están pendientes de resolver 96 expedientes abiertos en la pandemia. Otros casos, como Las Torres, aún están en proceso. Por ello están presos el exsecretario de Presidencia José Agusto y el contralor Pablo Celi. Este hecho estalló en junio del 2019, cuando el sobrino de este último, José Raúl de la Torre, y un empresario fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, por delitos asociados al lavado de activos.

Lasso señaló que iniciará diálogos con la Organización de las Naciones Unidas para combatir este problema.

Señaló que será diferente a proyectos similares que propuso el presidente Lenín Moreno. “Yo no tengo que proteger a nadie”.

La comisión internacional que creó el actual Jefe de Estado se estancó y no hubo resultados concretos.

El régimen tampoco alcanzó un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para lograr recursos y asesoría. Pero en su periodo se aprobó una Ley de Extinción de Dominio, para recuperar el dinero público perdido, producto de ilegalidades.

El 19 de febrero del 2019 se firmó la denominada “cooperación interinstitucional”. La encabezó el Contralor Celi. Tampoco se conocieron los resultados de esa iniciativa.

El 13 de enero de este año, el Consejo de la Judicatura inauguró la Mesa de la Lucha contra la Corrupción.
A las pocas horas, la Fiscalía anunció que no participará en esta propuesta, y la Corte Nacional de Justicia
aclaró que no se adhiere al acuerdo.