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Íñigo Salvador: ‘Hay entidades en donde campea la corrupción’

Íñigo Salvador, procurador del Estado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Entrevista a Íñigo Salvador, procurador del Estado

En el país se han cometido varios hechos de corrupción, pero no se puede recuperar el dinero. ¿Por qué?

No es que no se puede recuperar el dinero. Sí se puede, pero no se lo logra tan rápido como todos quisiéramos. Esto ocurre por varios motivos. Mire, lo primero que hacen los corruptos es sacar el dinero del país y ponerlo a buen recaudo. Lo que queda aquí es relativamente poco. En ese sentido, como Procuraduría vemos caso por caso, bien por bien, tratando de embargarlos y sacarlos a remate. Este proceso de ejecución que parecería simple no lo es. Nos encontramos, por ejemplo, con conflictos de competencia.

¿A qué se refiere?

Los magistrados de la Corte Nacional dicen: esto no nos toca ejecutar, sino que deben hacerlo los jueces de las zonas en donde están domiciliados los condenados. Entonces, en vez de que un solo Tribunal de la Corte Nacional de Justicia haga el trabajo de recuperación del dinero esta tarea va a diferentes jueces. Eso complica las cosas.

¿Por qué no actuar como Estado y no como instituciones aisladas?

Lo que he estado haciendo es hablar al más alto nivel en la Corte Nacional para pedir a los jueces de ejecución que sean ellos los que conozcan los procesos, porque si no a nosotros nos ponen el trabajo bien cuesta arribo. Estamos decididos hacerlo y lo vamos a hacer. Es una cosa de perseverancia muy meticulosa. Yo he visto que la única forma de hacer que en la Procuraduría logremos enfocarnos en ese tema es creando una Unidad de Recuperación de Activos.

¿Cómo les ha ido?

Nos ha ido bastante bien. Pero, como digo, los grandes montos de la corrupción están afuera. Entonces, la semana pasada estuve en el Departamento de Justicia de los EE.UU. Fui recibido por el fiscal subrogante y establecimos un equipo de trabajo allí y en la Procuraduría General del Estado, para hacer el seguimiento de dos casos importantes: Petroecuador e Isspol. Llegamos y dijimos que el caso de Isspol es completamente diferente al de Petroecuador. Isspol no puede ser considerada como una institución corrupta. Aquí ha habido personajes claramente identificados, que están siendo juzgados por la justicia ecuatoriana y, por lo tanto, no vayan a cometer el mismo error que cometieron con Petroecuador de no dejarle comparecer.

En el caso Odebrecht, ni el exvicepresidente Jorge Glas ni su tío Ricardo Rivera ha pagado la reparación pese a que hay una sentencia en firme. Incluso Rivera ha planteado un pedido para dejar la cárcel.

Ese caso tiene una particularidad, pues se declaró en abandono la acusación de la Procuraduría. Entonces, ahí no hay mucho que yo pueda hacer. De todas maneras, estamos haciendo gestiones, pero son absolutamente oficiosas. En el caso Sobornos, en donde el señor Glas también ha sido condenado estamos haciendo poquito a poco el seguimiento de cada uno de los bienes. Con la cooperación que estamos manteniendo con el Departamento de Justicia de los EE.UU., con la cooperación que mantenemos con el Instituto de Basilea y su Centro para la recuperación de activos vamos a lograr recuperar fondos de esos casos.

Íñigo Salvador, procurador del Estado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

En el 2020, usted dijo haber investigado los bienes de Glas y que con esa información solicitó a un Tribunal que autorizara el inicio de un proceso para que se concretara la reparación al Estado, pero que no le responden. ¿Ya lo hicieron?

Seguimos sin respuesta. Lamentablemente es uno de los casos en que le digo hemos tenido conflicto de competencias. Los jueces, a veces por desconocimiento o por temor, se abstienen de resolver. Otros lo hacen, porque tienen cosas más urgentes que hacer. A muchos jueces les parece, que con el solo hecho de tener detenidos a los corruptos, cumpliendo una sentencia, su trabajo ya está hecho y no es así. La opinión pública clama por la devolución de los dineros de la corrupción.

El exministro de Rafael Correa Alecksey Mosquera ya está libre y no ha pagado la reparación.

Alecksey Mosquera es un caso particular, porque él ha propuesto formas de pago de la indemnización, pero los montos que él propone y las forma que sugiere no han sido aceptadas por la Procuraduría. Son insuficientes. Quiere ofrecer un automóvil. Primero, eso no abarca la cuantía y segundo la Procuraduría no es Inmobiliar. Nosotros tenemos que monetizar, porque eso tiene que ir a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Puede llegar el momento en que el señor no tenga con qué pagar y sea declarado insolvente.

Carlos Pareja Yanuzzelli y otros sentenciados por cohecho tampoco han pagado USD 50,4 millones

Así es. Nosotros tenemos comisados bienes de Alex Bravo por USD 120 000, que serán sacados a remate. Del señor Pareja estamos en proceso de embargo de los bienes.

¿Es difícil el proceso?

No es difícil, es largo, está lleno de detalles. Es un proceso arreglado en la ley. Pero de por medio está la voluntad de los jueces, de su carga de trabajo. Pido a la ciudadanía que tenga paciencia, denme un poquito de tiempo y van a ver cómo las cosas comienzan a caer por su propio peso. Vamos a ir recuperando de a poquito.

¿Detrás de cuánto dinero está la Procuraduría?

Son unos USD 100 millones. Estamos yendo tras lo que podemos ir localmente. Con la cooperación internacional estamos tratando de recuperar aquello en donde no haga falta iniciar procesos judiciales en el exterior, aquello que se pueda recuperar por gestión diplomática. Solo en aquellos casos en que no se pueda recuperar por gestión diplomática iniciaremos gestiones judiciales.

¿Cuánto dinero ya ha recuperado el Estado?

USD 1 millón. Lo que pagaron los dos empresarios en el caso Sobornos.

Es poquísimo

Si, es poco. Lo único que hemos logrado recuperar es lo que buenamente los dos empresarios voluntariamente han querido pagar. El resto debemos cumplir todo el proceso en cada uno de los casos. A mi me encantaría poder ir como Superman, salir volando, meterme en la cueva de los ladrones y salir con la bolsa gigantesca de dinero. Pero no es así. En la realidad hay que cumplir con los procesos judiciales, con el debido proceso, para que después esa recuperación de dinero no sea cuestionada ni se alegue nulidad alguna.

¿Cómo hacer para que todos los procesos se agiliten?

Ahí entran en juego los problemas estructurales de la justicia: insuficientes jueces, insuficiente capacitación, demasiada carga laboral de ellos. Hasta que creara la Unidad de Recuperación de Activos, hace más de un año, no se había hecho una gestión consistente, sistemática, como la que estamos haciendo ahora. Pero dentro de poco vamos a comenzar a ver los resultados. Va a comenzar a entrar por goteo. Vamos a seguir informando según vayan entrando. Espero que al momento de mi salida, el año próximo, ya hayamos podido recuperar buena parte de esto. Y espero que algo de la gestión para la recuperación de dineros que están afuera también haya dado resultados.

Íñigo Salvador, procurador del Estado. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

¿Hay algún cálculo de cuánto ha perdido el país por corrupción?

Los cálculos son generalmente poco objetivos. Había un cálculo de la Comisión Nacional Anticorrupción que hablaba de USD 111 000 millones. Yo no sé cómo llegaron a ese monto.

En medio de esto, la Procuraduría presentó un proyecto de Ley de Repetición.

Sí. El ámbito de la Ley de Repetición es el siguiente: cuando el Estado ecuatoriano es condenado por un Tribunal sea nacional o extranjero de DD.HH. o un Tribunal arbitral, la Ley de Repetición permite que el Estado recupere la indemnización pagada a terceros y esos montos cubran los funcionarios públicos que cometieron los actos que dieron lugar a los pagos. Ahí tenemos, por ejemplo, casos de violaciones internas de DD.HH., casos de garantías jurisdiccionales en donde se establece la obligación de que el Estado pague una indemnización. Vamos a tener sentencias de la Corte-IDH y sentencias de tribunales arbitrales internacional.

¿Cómo se procederá jurídicamente con esta norma?

Este proyecto prevé un procedimiento que es un juicio de repetición. En un proceso judicial se resuelve quiénes fueron y qué responsabilidad tuvieron. La repetición, de acuerdo con la ley anterior y de acuerdo con el proyecto de ley actual, corre a partir del momento en que el Estado haya hecho el pago de la indemnización. Ahí está el caso Perenco. En el momento en que se llegue a un acuerdo y se complete el pago, la autoridad directamente involucrada tendrá que comenzar con el procedimiento previsto en la nueva Ley Orgánica de Repetición.

¿Qué está demorando el pago a Perenco por USD 374 millones? Por qué la Procuraduría aplazó el pago 12 días hasta el 9 de agosto.

Tan pronto como salió la noticia sobre el laudo arbitral (28 de mayo), la Procuraduría tomó contacto con los señores de Perenco. Pero quien toma la posta en el proceso es el Ministerio de Economía, porque ya es un tema de pago. Claro, la Procuraduría hace un seguimiento cercano. El Ministerio de Economía y Finanzas ha estado conversando directamente con Perenco. Había un plazo que vencía el día miércoles (28 de julio del 2021) para hacer el pago, pero como nosotros hemos venido conversando y viendo que las conversaciones avanzaban pedimos al Tribunal de Londres que nos den un plazo para que no se ejecute el laudo.

Una asesoría apoyada por el PNUD detectó USD 2 450 millones en sobreprecio en las mega obras petroleras que hizo el gobierno de Rafael Correa, además de daños que no han sido aún solucionados ¿Quién paga por eso?

En algunos de esos casos hay procesos judiciales en curso, como resultado de los cuales tendrá que haber una sentencia que obligue a estas empresas involucradas en las mega obras al pago de las indemnizaciones.

¿Qué acciones ha hecho la Procuraduría para recuperar esos dineros que se usaron mal?

En los diferentes procesos, según las diferentes etapas en las que se encuentran, hemos presentado ya o presentaremos acusaciones particulares. Hay una cosa que quisiera que se entienda bien. La Procuraduría, la Contraloría, aunque está en entredicho hoy en día, y la Fiscalía tienen que ser la punta de lanza en la lucha contra la corrupción. Pero siempre dentro del marco de las atribuciones que la ley les otorga.

El 19 de febrero del 2019, el excontralor Pablo Celi, hoy encarcelado, llamó a una gran mesa en contra de la corrupción y no pasa nada.

El peor daño que se pueda hacer a la lucha contra la corrupción es el hacerla una cosa teatral. Todas estas comisiones, estas grandes mesas a la postre no funcionan si las entidades públicas llamadas a trabajar en eso no se toman en serio el tema.

¿No se han tomado en serio?

Creo que dos entidades sí se han tomado en serio el trabajo.

¿Cuáles son?

Fiscalía y Procuraduría

¿Y el resto?

Que le puedo decir. Hay entidades en donde la corrupción campea. Es terrible decirlo, pero es así.

Un excontralor prófugo y otro en la cárcel

Eso es muy grave. Eso nos habla, pienso yo, de un defecto intrínseco en la estructura del control de gasto público. Probablemente, la Contraloría ha cumplido su ciclo de vida y hay que pensar en dotarle al Estado de nuevos mecanismos de control del gasto público. No es aleatorio, no es pura coincidencia que donde más dinero se maneja sea donde cunda la corrupción: Petroecuador. Es el centro de acopio del dinero del principal producto de exportación ecuatoriano, que es el petróleo. Es natural, es esperable que ahí exista corrupción. Y ya que sabemos que ahí existe corrupción, ahí tenemos que apuntar todos los mecanismos de control. Probablemente un Tribunal de Cuentas, que es un viejo anhelo, sea la solución, pero la solución no está dada exclusivamente en el cambio de las instituciones.

Usted hablaba de la Procuraduría a futuro. ¿En qué consiste?

Justo antes de la pandemia habíamos comenzado dentro de la Procuraduría, con dineros del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo hecho al gobierno nacional, el proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría. Ese proyecto busca dejar instalada en los próximos cuatro años, la nueva Procuraduría, eficiente, con un modelo de gestión moderno, sistematizado. En los 93 años que tiene la institución, nunca se diseñó un modelo de gestión. Ahora estamos diseñándolo, con el apoyo de una importante agenda informática. Esto va a hacer que la entidad se vuelva moderna, que tenga como principal acción la creación de un cuerpo de procuradores del Estado. Pero además se creará una Escuela de Procuradores del Estado. A través de eso se va a lograr mucho la prevención.

Su vida

Es Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza, donde obtuvo el título de Máster en Relaciones Internacionales.

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