29 de July de 2012 00:08

La infraestructura civil avanzó el 32% en un año de la Judicatura

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Luego de un año de gestión del Consejo de la Judicatura de Transición, el avance en proyectos de infraestructura civil, hasta el pasado viernes, es del 32%. Con un presupuesto destinado hasta el momento de USD 119,4 millones, se han inaugurado 60 obras de las 187 previstas para el año y medio de reestructuración que culminará en enero del 2013. Sin embargo, solo 35 nuevas unidades judiciales están operativas.

[[OBJECT]]Los vocales del Consejo de la Judicatura de Transición, Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar, anunciaron en la presentación del proyecto de reforma, el 9 de agosto pasado, que la infraestructura civil sería una de las prioridades en su año de trabajo. Eso porque dentro de estas nuevas unidades judiciales se despacharía gran parte de las causas represadas a escala nacional y se pondría en marcha el nuevo modelo de gestión con los funcionarios y jueces evaluados.

Personal de construcción contratado por la Judicatura subía partes del ascensor que se instala en la nueva Unidad Judicial de Niñez y Adolescencia, el miércoles, en Quito. En cajones grandes de madera y con la ayuda de un montacargas, las partes del pesado artefacto se trasladaban en el edificio de 7 594 m², que está casi terminado en la esquina de las calles Veintimilla y Juan León Mera. Allí está previsto que laboren 10 jueces y 117 administrativos.

Tania Arias, vocal del Consejo de Transición, a cargo de las unidades de Mujer, Niñez, Familia y Adolescencia, indicó que las unidades que aún no operan lo harán el 1 de agosto. “Todo está listo en cuanto a la infraestructura, debemos ver qué personal se destinará para cada unidad, pero apenas eso se apruebe, las unidades empezarán a funcionar”.

La vocal admitió que una de las razones fundamentales para que se inicien operaciones es el despacho de causas rezagadas y la mejora en la atención al usuario con “modernas infraestructuras”. Así“se pondrá en marcha el nuevo modelo de gestión para que la justicia trabaje apropiadamente”.

Según el modelo de gestión, otro eje estratégico del CJT, las unidades deben contar con salas de audiencias, equipos nuevos, WiFi y telefonía IP. Para estas adecuaciones tecnológicas, el CJT ha invertido USD 28 millones. Hasta enero del 2013, el presupuesto asignado para la reestructuración es USD 400 millones. 200 más serán destinados para darle continuidad hasta el 2014.

Cada unidad judicial, de acuerdo con su tamaño, debería contar hasta con 11 jueces, un administrador y un juez coordinador. Según el plan de la Judicatura, cuya rendición de cuentas será este miércoles, el número óptimo de unidades judiciales en todo el país sería 56, con 222 jueces y1 510 servidores, entre analistas jurídicos y técnicos.

Pese a los retrasos en la construcción de obras civiles, Baltasar Garzón, coordinador de la Veeduría Internacional, señaló el pasado 13 de julio, que las obras son modernas y de primer nivel. “Las instalaciones concuerdan con el modelo de gestión y las necesidades que la administración de justicia requiere para que los ciudadanos que van a recibirla, lo hagan con dignidad, integrándose dentro de lo que es la propia estructura de la ciudad”.

Aunque recalcó, durante una rueda de prensa, que solicitó informes técnicos sobre las construcciones y los sistemas informáticos que se instalan en los nuevos edificios. El veedor sostuvo que lo más importante es conocer cuán efectivas serán esas adecuaciones al iniciar sus labores, pues parte fundamental del proyecto es la cooperación interinstitucional. “Los sistemas y reformas deben compartir la misma lógica con otros organismos del Estado que trabajen con la Función Judicial. Eso evaluaremos para emitir el segundo informe”, indicó Garzón.

Mientras tanto, los juzgados atienden con archivos que por falta de espacio se ubican en el piso.

En estrechos y oscuros juzgados se opera en Guayaquil

En el viejo edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas se ejecutará una redistribución de los espacios para hacerlos, según palabras de Yávar, “más humanos”. Juzgados divididos por tabiques a los que se accede por estrechos y oscuros corredores, escaleras desgastadas y ascensores lentos son la imagen con que actualmente se topan los usuarios. La estrechez es más evidente en el área donde funcionan los 12 juzgados de la Niñez y la Familia.

Aunque desde marzo las nuevas causas son remitidas a un edificio remodelado en las calles Chile y Tulcán (centro de la urbe), las causas viejas aún se tramitan en el actual edificio de la Corte.

Yávar dijo el jueves, tras la posesión de 66 nuevos jueces para Guayas y otras cuatro provincias, que el proceso de migración de los juzgados (penales y civiles) hacia el ex local de Makro Hogar, dentro del C. C. Albán Borja, se concretará en un mes. “Luego de algunos retrasos, el proceso de cambio (de local) empieza las últimas semanas de agosto, para tener listos todos los cambios la primera de septiembre”.

Los jueces retornarán al edificio de la Corte, en la avenida Quito y 9 de Octubre, cuando se termine su remodelación interna.

En Sucumbíos los juzgados se arriendan en USD 5 900

La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos tiene sus oficinas en un edificio arrendado, ubicado en la vía a Quito, avenida principal del centro de Nueva Loja.

La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura también comparte oficinas en los mismos despachos de la Corte. 12 empleados del CJ se distribuyen en espacios donde no hay sitios adecuados para archivar las causas.

Alfonso Buitrón, juez temporal de la Corte, afirma que el inmueble no tiene todas las facilidades que debería tener un edificio judicial. Las paredes están húmedas y no hay lugar para guardar los documentos. Se adecúan cartones y anaqueles para ese efecto.

Los miembros de la Corte trabajan en el edificio desde hace cinco años. El arriendo mensual asciende a USD 5 900. Los judiciales ocupan dos de los cuatro pisos del inmueble, en donde también funciona la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, el Miduvi y cooperativas de ahorro.

La Corte de Justicia opera desde 1985. Desde entonces, los servidores judiciales han arrendado sus instalaciones. En el caso de Sucumbíos, se ultiman detalles para inaugurar el edificio donde funcionarán los juzgados.

La construcción se realiza desde marzo de este año y su inauguración está prevista para finales de agosto. Luis Naranjo, director (e) de la Judicatura en esta provincia, explica que hubo 15 días de prórroga para culminar la obra.

Los municipios de Shushufindi, Gonzalo Pizarro, Sucumbíos, Cuyabeno y Putumayo donarán cinco terrenos para la construcción de las unidades judiciales que ejecuta el Consejo de la Judicatura Transitorio.

La inversión en cinco cantones asciende hasta los USD 800 000 por unidad judicial. Mientras que para Shushufindi costará USD 1,3 millones y en Lago Agrio costará USD 5 millones.


LAS VOCES DE Radio Quito / Testimonios recogidos del programa radial Controversia.

Carlos Solórzano, Ex presidente   de la antigua CSJ
 ‘No hay independencia de funciones’
 Indudablemente no hay independencia de funciones en Ecuador. Eso es un mito que se repite a cada rato y se aparenta mediante gesticulaciones jurídicas y políticas.  El mismo juez español Baltasar Garzón, con   tanta fama, nunca ha dicho con claridad si los nombramientos o los concursos  han sido transparentes o sin han ganado los jueces más idóneos.  

Fernando Casares, Ex Fiscal General del Estado
‘Los jueces actúan a  favor del Régimen’  No es lógico comprar solo computadores. Para empezar debían ir al Consejo (de la Judicatura) personas  transparentes. Si investigamos, las resoluciones de la Función Judicial siempre han sido a  favor del  Legislativo. Un solo caso fue la excepción:  el fallo a favor de César  Carrión.  En  los casos en los que el Gobierno tiene interés, los jueces  actúan a su favor.

David Cordero, Presidente de la Fundación Inred
 ‘La Veeduría ha tenido una mala metodología’
La reforma debía pasar primero por un debate en la Asamblea antes de ir a un referéndum, pero la Corte Constitucional falló  a favor del pedido del Gobierno. Yo no descalificaría a Baltasar Garzón,   es uno de los jueces valientes. Sin embargo, la Veeduría ha tenido una mala metodología. En otras ocasiones  los informes han sido periódicos.  

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