8 de January de 2012 00:04

El informe de ONU con escasa acogida

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Las recomendaciones del informe final del relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, publicadas en julio del 2011, se han cumplido a medias por parte de las instituciones que visitó el funcionario y fueron cuestionadas por éste a mediados del 2010.

Así lo confirma la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en un informe al que este Diario tuvo acceso. Uno de los planteamientos del funcionario fue que la era de la Policía que se investiga a sí misma debe llegar a su fin. No obstante, el nuevo proyecto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que el Régimen entregó a la Asamblea Nacional, a finales de septiembre del 2011, todavía conserva el esquema de autodepuración interna de la institución uniformada.

De hecho, el artículo 112 del proyecto advierte que las faltas disciplinarias serán juzgadas por Asuntos Internos, un organismo propio de la Policía. Incluso el jefe de Estado Mayor de la Policía, general Wilson Alulema, en entrevista concedida a este Diario en octubre del 2011, defendió el sistema de control propio y advirtió que los uniformados saben las faltas que cometen sus elementos.

Para Elsie Monge, directora de Cedhu, ese esquema de autodepuración debe ser eliminado de la institución aunque reconoce que la Policía sí ha dado cambios importantes en los últimos meses. “La creación de un cuerpo de detectives civiles da una pauta de que la Policía experimenta cambios importantes en la actualidad, así como su nueva orientación de carácter civil y comunitario. Sin embargo, en otros aspectos todavía existen vacíos”, señaló.

A esto se suma la recomendación de mejorar los registros de la Policía, especialmente en lo que respecta a los abusos cometidos por uniformados. El inspector general de la institución debe hacer un seguimiento de las investigaciones, las medidas disciplinarias, los juicios y los resultados. “Las estadísticas deben hacerse públicas periódicamente”.

Frente a esta planteamiento, el inspector general de la Policía, Nelson Argüello, en un oficio remitido a la Cedhu el 10 de noviembre del 2011, señala que la institución cuenta actualmente con la Sección de Planificación, Coordinación y Seguimiento (Planicose), la cual se encarga de actualizar la base de datos con los casos y del registro de la conducta profesional de los gendarmes. Pero la Cedhu cuestiona que esa información no se publica de forma periódica como sugiere Alston.

El papel de la Fiscalía

El relator cuestionó en su informe a la Fiscalía General del Estado. A su juicio, esa dependencia solo se ha dedicado a tareas de relaciones públicas y mencionó la “total falta de confianza” de la gente en esa institución por su “ineficiencia”. A eso se suma que, en Guayas, “la escasa cooperación entre la Policía y los fiscales ha sido un problema importante”.

Frente a esas aseveraciones, el fiscal Galo Chiriboga anunció en el 2011 la creación de una Comisión Especial que le dé un seguimiento al informe de ONU. “Creo que ahí se sugieren algunas soluciones, por lo tanto creo que ese informe que viene de Naciones Unidas, debe ser mirado con atención y darle el seguimiento que demanda”, manifestó.

Sin embargo, en el Departamento de Archivo y Documentación de la Fiscalía no consta el informe del relator de Naciones Unidas. En el oficio número 11053 FGE-DAGP-, Lourdes Pinos, jefa de Evaluación, Control Jurídico y Quejas de la Fiscalía, informó que “se ha procedido a buscar el informe del Relator Especial de la ONU, tanto en el Departamento de Documentación y Archivo, como en la Unidad de Gestión de Cooperación Internacional, sin haber sido posible localizarlo, determinar la fecha de su emisión o la fecha de recibido; es decir, no existe constancia de que este ingresó a la Fiscalía, ni qué funcionario tuvo conocimiento oficial del mismo...”.

Pese a ello, la funcionaria señala que la Fiscalía sí acogió algunas recomendaciones. En el tema de sicariato, la Dirección de Actuación y Gestión Procesal cuenta con un sistema informático de estadísticas por provincia que permite conocer los datos consolidados. Menciona que para fomentar una mayor cooperación entre la Policía y los fiscales se ha implementado en el país la designación de un policía judicial para cada fiscal. “Así buscamos obtener sólidos equipos de trabajo”.

La Cedhu concluye que las recomendaciones de la ONU “no se han implementado de forma completa. El derecho a la vida continúa siendo vulnerado. De agosto del 2010 a octubre del 2011, la organización ha registrado 96 homicidios de los cuales 17 son ejecuciones extrajudiciales”.

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