2 de February de 2011 00:00

Inestabilidad en el manejo de cárceles se agrava

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El cableado eléctrico colapsó en la Cárcel 4 de Quito. Lo mismo sucede con las tuberías para aguas servidas. Las celdas no tienen cámaras de vigilancia y las puertas están aseguradas con pequeños candados. Esta revelación la hizo Mario Hernández, quien hasta el 24 de enero pasado dirigía este centro.

Él estuvo seis meses (es el tercer funcionario que dirige esta cárcel en cuatro años) y dice que su salida impidió concretar proyectos para mejorar la infraestructura.

“El cambio (de autoridades) influye totalmente (en la administración). Al no existir continuidad todo se trunca. El nuevo director, por más que quiera, no va a impulsar proyectos anteriores y va a trabajar con su propio parecer”, comenta Hernández.Pero la inestabilidad administrativa en el sistema carcelario comienza por las autoridades nacionales. Desde el 2007, cuando comenzó este Gobierno, por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) han pasado cinco funcionarios. Primero fue Ricardo Arteaga, luego Máximo Ortega, después llegaron Rómulo Silva, Arturo Escala (duró apenas un mes) y Alexandra Zumárraga. Esta última también se fue.

Por la Subsecretaría de Rehabilitación han pasado tres autoridades: Ximena Costales, Lady Zúñiga y Ana Chamorro, quien estuvo en ese cargo apenas 15 días.

En la DNRS el personal prefiere callar y los técnicos que hablan lo hacen de forma anónima y sostienen que el cambio permanente de autoridades ha impedido que se implemente una verdadera rehabilitación social en el país.

Los problemas en los panópticos están latentes: el Estado destina apenas USD 18,9 anuales a la salud de cada prisionero, 30 cárceles están hacinados, la reinserción social es limitada. A esto se suma que la guardería infantil de la Cárcel de Mujeres de Quito no tiene presupuesto.

En la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas también se siente la inestabilidad administrativa.

Víctor Alcívar apenas duró 14 días en la Dirección. El lunes pasado recibió un documento a través del cual el Ministerio de Justicia le notificó su salida. “Nosotros debemos dar cumplimiento a lo que disponen, ya que estos cargos son de libre remoción. No me compete averiguar las causas que motivaron mi salida”, sostuvo.

Alcívar reemplazó a Iván Grety, un teniente coronel retirado de la Policía. Él estuvo a cargo de la prisión durante tres meses. Antes de él, el director fue Mentor Tapia.

Este abogado estuvo dos años al frente. “Esta inestabilidad es un problema estructural que tiene el centro y que se debe resolver. Al que tiene palancas le dan el puesto”, señaló un funcionario que pidió la reserva de su nombre.

Ahora, como director encargado está Guillermo Salazar, quien se desempeñaba como secretario. Pero ya se habla de su remoción. El próximo director sería un técnico del Ministerio de Justicia, quien fue promotor del nuevo modelo de rehabilitación social que se aplica en el centro.

En la Cárcel 3 de Quito también quedaron los proyectos a medias una vez que el pasado viernes dejó el puesto Danny Roa. Se conoció que el funcionario tenía planificado ampliar los talleres de recuperación de presos.

Ayer, el ministro de Justicia, José Serrano, señaló que “se encontrará a los mejores funcionarios” y que aspira a que con “la nueva infraestructura, con los cambios tecnológicos y los talleres los directores también puedan tener un rol más activo”. El funcionario señaló que esta premisa se aplicará a escala nacional.

Entre los funcionarios de Rehabilitación hay inquietud, más aún cuando hace un mes y medio se emitiera el Decreto Ejecutivo número 585. Allí se determina que el Ministerio de Justicia absorberá al personal de la DNRS (en el país hay 2 100 empleados).

En el artículo 5 de la norma se indica que los funcionarios serán sometidos a evaluación y selección. Según los trabajadores, eso genera inestabilidad en el grupo.

Por ello, la tarde y noche del lunes los dirigentes se reunieron con el viceministro de Justicia, Javier Córdova. “Nos dijo que este tema van a estudiar para ver cómo sale”, comentó un dirigente. Él señaló que unos 170 empleados que laboran en la planta central de Quito (av. 12 de Octubre-norte de la ciudad) pasaron al edificio del Ministerio de Justicia.

Este viernes habrá otra reunión. En Quito están citados todos los dirigentes de Rehabilitación Social del país. El objetivo es analizar la administración carcelaria y las nuevas funciones en la fusión de las dos instituciones.

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