El indulto es una de las siete vías legales para extinguir una condena

Roberto Quintero pasa la mayor parte del día junto a su esposa e hijos. Foto: Gabriel Proaño / El COMERCIO

En el frío de su celda, un versículo de la Biblia lo fortalecía: “Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios”, se repetía. A pesar de su fe, dudaba que entre casi 5 000 personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi él sería el beneficiario de un indulto.

Franklin Díaz, de 52 años, se emociona cuando recuerda el momento que recuperó la libertad. No podía dejar de llorar y agradecer. El abrazo con sus dos hijas parecía interminable.
Ese 11 de julio se oficializó la condonación total de su sentencia de ocho años.

La concedió el presidente Rafael Correa a propósito de la visita al Ecuador del papa Francisco.
“Por cuanto el mensaje de reconciliación social debe ser escuchado por toda la sociedad...
ya que nos invita a reflexionar en que si bien la paz es obra de la justicia, también constituyen a ella el perdón y la misericordia”, señala en su Decreto 720.


Durante la visita del Papa, 13 personas recibieron la condonación total de sus penas. “Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley” es una atribución del Presidente, señala el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Pero también en el art. 120 se dice que lo puede otorgar la Asamblea y por razones humanitarias.

Por ejemplo, en el 2008, los legisladores indultaron a 2 300 personas “llamadas mulas del narcotráfico”, pues cumplían penas excesivas por posesión de pequeñas cantidades de droga.
El indulto, en el Código Integral Penal, es una de las siete figuras que permite extinguir por completo una condena fijada por el juez.

Las otras vías legales son el cumplimiento integral de la pena, extinción del delito por una ley posterior más favorable, muerte de la persona condenada, recurso de revisión favorable, prescripción y amnistía.
Entre el 2001 y el 2014, la Asamblea ha otorgado otros ocho indultos por cuestiones humanitarias.

Mientras que el Presidente, en el 2012, dio el perdón a dos policías sentenciados por intento de magnicidio en las protestas del 30 S.
En marzo de este año también indultó a Vinicio Carvajal, quien cumplía una condena de 12 años por el mismo delito.
De hecho, 11 personas de las 13 indultadas recientemente fueron por delitos relacionados con los hechos de violencia durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Ese es el caso de María Alejandra Cevallos, sentenciada por la irrupción violenta al edificio de los medios públicos. Ella cumplía 4 años de reclusión.
El perdón en cada uno de los casos se concretó luego de una serie de requisitos que incluye pedir perdón a las víctimas y a la sociedad. “... me siento profundamente arrepentido por el daño y el dolor que he provocado con mis actos el 30 de septiembre... pido disculpas a todas las personas que resultaron directamente perjudicados”, escribió Vinicio Carvajal al presidente Correa. 


En el caso de Franklin, el perdón fue por razones humanitarias, pues padece un tumor maligno en el mediastino, un área de cavidad torácica que separa sus pulmones. Un año antes de ser apresado, se sometió a una operación.

Los médicos le extirparon una masa de células malignas de siete libras. 
Otro beneficiario fue Roberto Quintero, de 43 años, quien cumplía dos de los cuatro años de condena impuesto por narcotráfico.

Su calificación de 928/1 000 puntos en el examen para ingreso universitario le abrió la puerta de la libertad y también le acreditó una beca para estudiar Derecho en la U. Católica de Guayaquil.


En estas tres semanas de haber sido excarcelado, Quintero ya se presentó en la universidad. Le entregaron una clave y estudiará a distancia. Sus días ahora los invierte en el cuidado de sus tres hijos. Karla, la más pequeña, de 1 año y ocho meses, todavía no lo reconoce.

Cuando lo detuvieron, su esposa estaba embarazada. No pudo estar presente cuando la pequeña nació. En estos años de encierro tampoco vio creer a sus hijos de 11 y 8 años.
“Mi niño estaba seguro que iba a salir. Me dijo que lo había pedido a Dios y que un día soñó que volvía a casa”, cuenta.


En cambio a Franklin, quien le daba ánimo para seguir el trámite del indulto era su esposa. Él se encontraba en un pabellón de atención prioritaria, junto a compañeros de la tercera edad o enfermos como él.
Vio morir a dos amigos por problemas de salud.

Pero él siempre oraba a Dios por ayuda. Antes de darle el perdón tuvo una entrevista psicológica. Le preguntaron si estaba arrepentido. Se le acusaba de peculado. Contestó que todo lo que le había pasado era como una prueba de Dios y que estaba agradecido.
Todavía no sabe cómo fue relacionado con ese juicio.

La Policía lo detuvo cuando renovaba la licencia, en junio del 2014. Ese día salía de una cita médica. Se enteró que desde el 2006 tenía una orden de captura. Recuerda que su mundo se destruía. Su última hija tenía 4 años. No pudo despedirse de ella.


Para el trámite del indulto presentó las papeletas de votación de los últimos años. Esto le sirvió para demostrar que no huyó de la justicia. Adjuntó también los certificados de buena conducta en el centro penitenciario. Uno de los requisitos es mantener un comportamiento intachable durante el tiempo de reclusión.

Además, que el interno no haya cometido delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas. Otro requisito es informar a la víctima .

En contexto


El indulto puede ser aplicado de forma individual o colectiva. Está normado desde 1976 en la llamada Ley de Gracia. Desde octubre pasado, el Ministerio de Justicia creó un reglamento para quienes lo soliciten. Un requisito es tener una sentencia ejecutoriada.