La excepción también se volvió la regla en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Al igual que en otras entidades del sector público de este Régimen, el BNF declaró la emergencia para hacer contrataciones a dedo en varios camposEl domingo, este Diario publicó una investigación revelando anomalías en la contratación del sistema de modernización bancario del BNF, en el arrendamiento de cajeros, en la compra de computadores y escaners yen la importación de harina de trigo.
Lo que aún no se conocía es que por esas y otras contrataciones irregulares la Contraloría inició investigaciones y por el momento concluyó tres de sus auditorías en el BNF, estableciendo indicios de responsabilidad penal, es decir que se cometieron delitos, entre ellos abuso de fondos públicos.Los contratos son: 1) las importaciones de arroz y fertilizantes, así como las compras y comercialización de arroz y maíz efectuadas por el BNF, entre el 1 de marzo del 2007 y el 31 de julio del 2008. En este período se investigó la importación de fertilizantes a la empresa Petroquímica de VEnezuela S.A.. Pequiven; 2) la adquisición de 39 000 toneladas métricas de harina de trigo (por cada tonelada se pagó USD 528), lo que sumó un total de USD 20, 6 millones; y 3) la contratación con la compañía Olimpus de una póliza de seguro que proteja el transporte marítimo para la importación de 39 000 toneladas de harina de trigo desde Argentina. En los tres casos se expidieron declaratorias de emergencia, es decir no se aplicó la Ley de Contratación Pública para adjudicar un contrato a través de un concurso público, donde se escoge la oferta más conveniente en función de factores técnicos medibles.
En el primer convenio se compró urea de 46% de nitrógeno a través de importación directa con Pequiven. En este caso, según destaca el informe de Contraloría, no se contó con la disponibilidad de fondos, tampoco con las especificaciones mínimas para adjudicar un contrato mediante un proceso de selección y no se obtuvieron los informes de la Contraloría y la Procuraduría. Adicionalmente, existió un convenio con Venezuela para concretar la adquisición que fue firmado con posterioridad al primer embarque de fertilizantes, realizado en marzo del 2007. El convenio se sometió voluntariamente a la jurisdicción venezolana, cuando -según la ley- se debió aplicar la legislación ecuatoriana.
Las autoridades del BNF tampoco exigieron ningún tipo de garantías requeridas en estos casos, el departamento de Asesoría Legal no tuvo la documentación legal de sustento (Ley de Contratación Pública, Ley del BNF). También faltaron informes técnicos debidamente motivados.
Otro contrato emergente fue para la importación de fertilizantes y harina, así como la compra y comercialización de arroz y maíz del BNF, entre marzo del 2007 y julio del 2008. Se estudió la negociación con la compañía Olimpus de una póliza de seguros que proteja el transporte marítimo de 39 000 toneladas de harina.
En este acuerdo tampoco hubo un proceso precontractual, violentado el artículo 74 de la ley de Seguros. A través de la Gerencia Administrativa no se permitió seleccionar la mejor oferta, según las conclusiones de Contraloría.
El Gerente de Ciaseg S.A. broquer de seguros del BNF, señaló que al ofertar una póliza bajo la modalidad Libre Avería Particular (LAP), no debería ser mayor al 0,15% y sin deducible. Por lo tanto, consideró que quien ofertó en este caso la póliza con una tasa del 0,22% con deducible, cobró exageradamente e indujo a error a las autoridades del BNF.
Por último, se determinó que la declaratoria de emergencia del contrato para la compra de 39 000 toneladas a la firma argentina Cargill incumplió la Ley de Contratación Pública. Además, no existió un análisis de precios para compararlo con el mercado nacional e internacional, lo que habría permitido concluir que el precio ofertado por Cargill era el más conveniente a los intereses del Estado. El proyecto de contrato se elaboró sin la intervención de Asesoría Jurídica y tampoco se acataron las observaciones de la Contraloría. Pese a que el contrato se firmó el 1 de abril del 2008, el primer embarque ya había llegado al país el 28 de febrero, 33 días antes.
Los tres informes fueron entregados a la Fiscalía el 30 de abril pasado, que abrió indagaciones que están avanzadas y, al parecer, confirman los supuestos delitos.
