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Exservidores, señalados por 18 muertes en un centro de rehabilitación

Familiares de los desaparecidos ofrecen una rueda de prensa. Foto: EL COMERCIO

Familiares de los desaparecidos ofrecen una rueda de prensa. Foto: EL COMERCIO

La casa donde funcionaba la clínica está abandonada. En el sitio quedaron escombros. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

La casa donde funcionaba una clínica de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción todavía está rodeada con la cinta amarilla de peligro. También aparecen los sellos de clausura que dos entidades públicas colocaron un día después de que 18 chicos murieran y otros 16 quedaran heridos en medio de un fuerte incendio.

Ese hecho ocurrió el pasado 11 de enero y el pasado miércoles 6 de febrero de 2019 tres vecinos decían que luego de la clausura, la casa de dos pisos, ubicada en las calles 25 entre la I y la J, en el Suburbio de Guayaquil, quedó abandonada.

La ventana está rota. En el interior hay un escritorio de madera, polvo y huellas en el piso. Un ventilador está tirado en el pasillo que conduce al cuarto donde se produjo el incendio.

Diagonal a esa casa vivía Anthony, un chico que apenas tenía 20 años. Él murió en medio del fuego y solo estaba internado una semana. Su mamá y los familiares de otros 17 fallecidos, pusieron una denuncia en la Fiscalía del Guayas por el delito de homicidio; señalaron al propietario del establecimiento. También pidieron que se indague a un joven identificado como el celador del sitio. Supuestamente él estaba encargado de las llaves de la habitación donde murieron los chicos.

Los familiares aún visten de negro y solicitan que la Fiscalía busque a todos los responsables que permitieron el funcionamiento del local.

Familiares de los desaparecidos ofrecen una rueda de prensa. Foto: EL COMERCIO

La investigación lleva 25 días y la Fiscalía solicitó a los jueces que fijen hora y fecha, para vincular e imputar cargos en contra del entonces director provincial de Salud del Guayas, un psicólogo, un médico y un abogado de esa dependencia.

A ellos se los señala por el presunto delito de homicidio, pues sus firmas constan en un permiso emitido en el 2017, que avala el funcionamiento de la clínica denominada Por una nueva vida. Estos datos los corroboró Franklin Flores, el fiscal que conoce este caso.

El investigador dijo haber detectado que los exservidores no supervisaron el establecimiento. Según el fiscal, el centro no tenía profesionales especializados para la rehabilitación de los chicos con adicción y había hacinamiento.

Sandra Ramírez revisa en su celular las fotos de su hijo Iván Gómez, quien falleció en el incendio. Contó haber pedido ayuda a entidades para rehabilitar a su hijo, pero afirma que no hubo respuestas.

La desesperación por tratarlo la llevó a internarlo en ese centro, que no tenía permisos. “Lo llevé allá para que me lo sanaran, no para que me lo entregaran muerto. Yo no esperaba perder a mi hijo de esa manera tan horrible”.

Los exfuncionarios fueron llamados a la Fiscalía a rendir su versión libre y voluntaria el 29, 30 y 31 de enero.

Uno de ellos, cuyo cargo consta como evaluador técnico, sostuvo ante el fiscal que su firma fue falsificada y que así la clínica presentó un plan de contingencia. Ese dato fue comprobado en la Fiscalía.

Por eso no se descarta abrir un nuevo proceso por uso no autorizado de documentos públicos y falsificación. En el expediente de la Fiscalía se adjuntó el plan. Son 37 hojas en las que se muestran supuestas rutas de escape ante incendios, la colocación de extintores, entre otros puntos.

El permiso fue otorgado para el internamiento de siete personas. Pero el sitio era pequeño y el día del incendio había aproximadamente 56 jóvenes.

Stefanía Bajaña aseguró que intentó rehabilitar dos veces a su esposo. El hombre, que dejó cuatro hijos en la orfandad, se internó voluntariamente. “Yo no me imaginé que él iba a morir. Él tenía que volver a casa vivo. Sus hijos preguntan a diario por su papá”. La mujer pidió que se castigue al propietario del local, al celador y a quienes dieron los permisos.

Ricardo Acuña es el papá del joven acusado de haber tenido las llaves de la clínica. El chico tiene ambas manos quemadas y desde el 13 de enero está con prisión preventiva en la penitenciaría de Guayaquil.

El día del incendio, el joven dijo que intentó abrir el candado y que se quemó. Tenía los brazos vendados y fue detenido y procesado junto al propietario del centro. Ahora, ambos comparten una celda.