La joven de 27 años tenía previsto ir a un festival musical y encontrarse con unos amigos para tomar vino. Pero al salir de su casa, en Guápulo, este de Quito, fue asaltada, reducida en el adoquín y disparada a sangre fría. Charlotte Mazoyer, ciudadana francesa, llegó a Ecuador en el 2006 para enamorarse de los volcanes. Como ecóloga, realizaba las mediciones de los glaciares para el Instituto de Investigaciones Científicas para el Desarrollo de Francia (IRD). Mañana se cumplirá un año de su crimen y sus amigos han organizado una celebración, en el ciclopaseo de Quito, para evocar su amor por la vida. En abril de este año, tres personas fueron sentenciadas a 16 años de cárcel por su muerte. El caso, al igual que crímenes a extranjeros y a ecuatorianos, como las muertes de médicos en el 2009, conmovieron a la ciudadanía. Se debe decir que en la investigación del asesinato de Charlotte la Policía fue eficiente y capturó a tres personas; tuvo el apoyo de investigadores de Francia. Pero la mayoría de hechos de violencia -asaltos, robos a domicilio con ametralladoras, asesinatos, etc.- sigue impune y no pocos coinciden en que la ayuda de los agentes es pobre. Parte de la seguridad de un Estado es contar con policías que se escandalizan ante el atropello a la vida, incluso la del infractor, y no solo si reciben ayuda de Francia o la severa crítica de la ONU. Por eso es bienvenida la reapertura de los casos Fybeca, Terranova y Peña. Es bienvenida la depuración, porque ya es tiempo de que la estrategia del ‘chivo expiatorio’ sea enterrada.