En los dos meses que María (nombre protegido) permaneció en Ecuador solo conoció la tienda en la que compraba los útiles de aseo y la carretera Panamericana, que enlaza Tulcán con Ibarra. Nació hace 20 años en Medellín, Colombia. Tiene los ojos oscuros, el rostro blanco y el cuerpo delgado.
Desde una ventana de la habitación de un club nocturno, al que le trajeron para laborar como trabajadora sexual, observaba a la capital imbabureña. Quería conocer la ciudad, pero sentía temor de ser detenida por la Policía, ya que no tenía permiso para trabajar en este país.
Un compatriota suyo le ‘enganchó’ en la Terminal Norte de Medellín. Al hombre le decían Mononi. El contacto le hicieron unas amigas que habían escuchado que en Ecuador se ganaba bien.
“Mononi es negro, más o menos acuerpadito”, recuerda María. Él le dijo que iba a ganar USD 50 cada vez que se acueste con un cliente. Además le garantizó comida buena y vivienda cómoda. Aquella oferta la sedujo.
También le ofrecieron tramitar los papeles y la firma de un contrato de trabajo en Ibarra. Ese fue el preámbulo de un largo viaje hasta la ciudad fronteriza de Ipiales, Colombia. Ahí Mononi la entregó a un hombre al que le decían Calvo y a una muchacha llamada Erika. Ellos le repitieron la oferta antes de cruzar la frontera.
Ya en Ecuador tomaron una buseta en la que se encontraban otras cuatro muchachas. Al llegar a su destino la ilusión se desvaneció. “La propietaria del club nocturno, Cruz C., me regañaba mucho, la comida era pésima y el celador Lucho no nos dejaba salir del local. Nos quitaban la luz de 05:00 a 12:00. Solo teníamos agua a las 13:00 para asearnos”.
Además, “todo fue un engaño. Ellos cobran USD 10 a los clientes. A las chicas nos dan USD 7 y la casa se lleva USD 3 por el uso de la cama y la alimentación”.
En varias ocasiones, María pensó en ‘volarse’ (escaparse), pero la dueña del local tenía su dinero. “Sus empleados nos vigilaban todo el tiempo y la doña nos decía que para irnos teníamos primero que pagar los 300 dólares que ella habría gastado, en cada una, para traernos”.
Por todo les cobraban multas. “Si no salíamos a trabajar antes de las 14:00 había que pagar USD 10. Si nos retirábamos antes del cierre había que pagar… Además nunca me dijeron que nos iban a tener encerradas, con candado. Eso es lo que más me molestó…”.
Igual que María, 60 mujeres más confesaron a las autoridades que permanecían retenidas, en condiciones de explotación sexual, en cuatro clubes nocturnos ubicados al norte de Ibarra.
El fin de semana anterior, 200 miembros de los ministerios de Justicia, Interior y de Inclusión Económica y Social, Fiscalía, Derechos Humanos y la Policía rescataron a las mujeres en cuatro clubes nocturnos de Ibarra.
“El operativo se preparó en Quito, para evitar la fuga de información”, aseguró un agente del Grupo Operativo contra la Trata de Personas (GAT), de la Policía. “Conocimos que 60 muchachas extranjeras, que llegaron con engaños, ejercían la prostitución bajo presiones”.
Esta incursión policial formó parte de una investigación, que se inició hace dos años, para ubicar una presunta red internacional que se encarga de reclutar, transportar y acoger a mujeres extranjeras, con el objetivo de explotarlas.
Según Andrés Buitrón, director de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, es la primera vez que se descubre un número alto de posibles víctimas. “Son 60 en una sola noche frente a los 86 casos registrados el año anterior”.
Pero lo que más le preocupa, asegura, es que a pesar de la gravedad del delito solo un caso fue juzgado como trata de personas en el 2010. “El resto se desvía como procesos de acoso que tienen penas menos severas”.
En el Tribunal I de Garantías Penales de Imbabura, precisamente, se juzgó el primer caso del supuesto delito de trata de personas. El proceso se inició tras un operativo policial, el 26 de abril del 2009, en el que se logró rescatar a 23 mujeres que estaban retenidas en burdeles de Ibarra.
Finalmente, el 5 de abril del 2010, se emitió la sentencia que sorpresivamente liberó de culpa a Cruz C., dueña del club nocturno, y a tres de sus colaboradores. La resolución contó con el apoyo de los jueces Olavo Hernández y Cruz Arboleda y con el voto salvado (en contra) de la jueza María Echeverría. Los primeros aducían falta de pruebas. Luego la Corte Provincial de Imbabura ratificó la decisión de inocencia de la propietaria del prostíbulo. El caso, que está en fase de casación, está en la Corte Nacional.
Entre las 60 víctimas rescatadas el fin de semana pasado se encontraban dos menores de edad, que se encuentran protegidas por la Unidad de Víctimas.
En el último operativo fue detenida nuevamente Cruz C. y Carlos P., presuntos implicados en la trata de personas.
El juez cuarto de Garantías Penales de Imbabura, Martín Góngora, dispuso que se abra la instrucción fiscal con la prisión preventiva de los implicados.
En tanto, María , al igual que la mayoría de mujeres, durante tres días que estuvieron bajo protección del Estado recibieron ayuda psicológica. Luego de eso decidieron regresarse a su país.