Harold Burbano, coordinador jurídico de INREDH. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Entrevista a Harold Burbano, coordinador jurídico de INREDH
¿Por qué Ecuador llegó a este nivel de violencia que ha cobrado la vida de ecuatorianos en la frontera?
El cordón fronterizo, tanto del lado ecuatoriano como del lado colombiano, ha sido históricamente abandonado en todo sentido.
¿Qué significa abandono?
Significa básicamente incumplimiento de derechos, como el derecho al libre tránsito. No existen vías. Además, el centro de salud de Mataje está abandonado, no hay ninguna persona trabajando ahí. Lo que hacen los ecuatorianos de la frontera es recurrir a centros de salud instalados por fuerzas irregulares que se encuentran en la zona colombiana. En educación, las escuelas de esas zonas son unidocentes o no funcionan todo el tiempo.
¿Qué tiene que ver este panorama con los ataques que han dejado personas muertas y heridas?
Tiene mucha relación porque al haber un espacio en donde no está el Estado, en donde el abandono es latente y los derechos no se cumplen, la gente se ve impulsada a buscar los medios para autosatisfacer esos derechos. Eso genera un caldo de cultivo para que fuerzas irregulares, bandas de crimen organizado o las disidencias de las FARC puedan de alguna forma ganar confianza en esos territorios.
Entonces, ¿qué hacer?
La estrategia de defensa debería ser una estrategia militar y de seguridad, pero además debe haber una construcción de fronteras vivas.
¿Qué significa aquello?
La gente tiene que confiar en el Estado y no en los grupos irregulares. Pero lo que hay ahora es una pequeña cantidad de personas que está relacionada directamente con los grupos irregulares y no confía en el Estado ecuatoriano. Confía en los ilegales, porque estos grupos les proveen de medicinas y hasta de justicia.
¿Qué tan grave es eso?
Algo que hemos venido insistiendo constantemente y que al Estado ecuatoriano no le ha importado -ni en este Gobierno ni en el Gobierno anterior ni en los gobiernos anteriores- es que para intervenir en la frontera tiene que reconocer lo que está pasando allí.
¿Se puede decir que grupos irregulares están “manejando” zonas ecuatorianas en la frontera?
Sí, en las provincias de Esmeraldas, en Sucumbíos y un poco menos en la provincia de Carchi. Por ejemplo, para realizar encuentros de refugiados, para hacer talleres de justicia indígena con los awá, en Mataje o en Guadalito, no se pedía permiso al Ejército ecuatoriano sino a las hoy extintas FARC.
¿Eso lo han sabido los gobiernos de turno?
Lo han sabido los gobiernos. Ahora, la toma de esos sectores abandonados debería hacerse a través de una estrategia mixta, entre lo militar y la estrategia para retomar la confianza de la gente. A mí me parece que una cosa puntual sería primero construir y hacer por lo menos un centro de salud nivel 3 en Mataje. Es el nivel más pequeño, pero hay por lo menos un médico, una enfermera y una auxiliar de enfermería. Se debería dotar de medicinas a esta zona.
¿Qué hacer en el tema de la educación?
Se debería construir una escuela, pero se debería procurar que no sea una escuela unidocente sino que esté dotada de todas las facilidades. Debería establecerse un puesto fijo de control militar y policial.
En salud, ¿la falta de servicios qué problemas genera en la población?
Hay mucha tuberculosis, mucha malaria en zona de frontera. A pesar de que existe una estrategia para evitar esos problemas, la peligrosidad en la zona y la falta de confianza en el Estado ecuatoriano hace que las brigadas no puedan ingresar. Entonces, la gente tiene estas enfermedades y, además, se muere por cosas muy básicas, como infecciones intestinales. La gente se muere por gripe que no es controlada ni tiene la atención inmediata. Por eso es importante llevar el servicio completo de salud a esas poblaciones.
Entonces, ¿son cosas básicas que el Estado no hace?
Son cosas básicas que el Estado no hace en Esmeraldas, en Sucumbíos. En Carchi es un poco diferente.
Si eso sucede en salud, ¿qué pasa en educación?
La educación es un tema muy parecido al de salud. Cuando, por ejemplo, Ecuador firmó el acuerdo de solución amistosa por el tema de fumigaciones en la frontera, la gente pedía que se hagan escuelas en estas zonas y que con esos recursos se contraten maestros para que de alguna forma puedan vincularse con los niños, pero no se hizo.
¿Por qué?
Porque, como digo, el territorio de la línea fronteriza es un territorio en el cual al Estado ecuatoriano no le conviene o no le ha convenido estar presente desde hace 40 años.
Ahora, ¿cómo una organización como Inredh, que funciona de Quito, puede hablar de la frontera?
Nosotros hacemos investigación de campo constantemente y trabajamos en la línea de frontera hace 20 años. Nuestro trabajo ha sido con los campesinos, con la gente indígena de la zona.
¿Qué han revelado esas investigaciones en cuanto a telecomunicaciones?
En esos pueblos no se escuchan radios ecuatorianas sino colombianas. A esas zonas llega la señal de radio de los irregulares. La gente escuchaba la radio de las FARC y hoy la radio de ‘Guacho’.
¿Eso también es parte del abandono del Estado?
Exacto. Eso es parte del abandono del Estado. Deberían, por ejemplo, forzarle a las operadoras de telefonía celular a poner una antena en la línea de frontera, porque la gente de allá no tiene celulares y los celulares que tienen cogen banda colombiana. Entonces, la gente de esa zona vive en ese contexto y no conoce otra cosa, pero no es culpa de esa gente sino del Estado.
Trayectoria. Coordinador jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Esta es una organización que tutela y protege los DD.HH. en el Ecuador. Es máster en Derechos Humanos y asesor jurídico de diversas organizaciones sociales.
Su idea. Dice que al haber un espacio en donde no está el Estado, la gente se ve impulsada a buscar los medios para autosatisfacer esos derechos. Eso genera un caldo de cultivo para que las bandas puedan ganar confianza en esos territorios.
