Dos indígenas de la comunidad awá navegaban en canoa por el río Mataje (Esmeraldas). Según la Marina, cuando fueron interceptados por una patrulla detectaron que en el interior de la embarcación llevaban plantas de coca.
Los dos fueron detenidos en San Lorenzo, un cantón fronterizo con Colombia. Agentes dijeron que los sospechosos se dedicaban eventualmente a la minería.
De hecho, informes de Inteligencia militar revelan que la guerrilla colombiana extendió su poderío a esta zona esmeraldeña.
Según los reportes, la actividad minera ilegal es financiada por los subversivos para lavar el dinero que ingresa del narcotráfico.
“Se aprovechan de la zona porque, aunque hay control militar, no se regulaba la explotación del oro que salía para Colombia de forma clandestina”, señalan militares que operan allí.
Precisamente, una de las vías ocultas estaría en el sector La Carolina (San Lorenzo). Las autoridades tienen informes de que el oro es llevado desde allí hasta el vecino país. La zona es vigilada por militares ecuatorianos.
A eso se suma que por esa zona operan redes de narcotraficantes que pasan la droga para sacarla desde el mar. En el 2008 se registró un decomiso de 9 toneladas, en la población de Palma Real.
Hasta abril del 2011, la actividad minera fue intensa en 17 comunidades de San Lorenzo y Eloy Alfaro, dicen las investigaciones de las FF.AA. En mayo del 2011 con la intervención militar se destruyeron más de 70 máquinas valoradas en USD 15,2 millones.
La intervención se basó en el decreto número 783, suscrito por el presidente Rafael Correa para eliminar la minería ilegal que podría generar “una grave conmoción interna en los cantones cuyos habitantes se dedican a esa actividad ilegal”. San Lorenzo y Eloy Alfaro fueron declarados en estado de excepción por 60 días.
¿Aún existen vínculos entre las personas que extraen oro y los grupos irregulares que comercializan de forma ilegal? Según la Fiscalía, esos nexos no han terminado, porque el oro se comercializa ahora de forma clandestina.
Esto ocurre pese a que, en febrero del 2012, la Policía montó un operativo en el que se cerraron más de 15 lugares de compraventa de oro y donde se empeñan electrodomésticos en Esmeraldas, San Lorenzo, Quinindé, Atacames , Quito, Vinces, Guayaquil, Milagro y Daule.
Esmeraldas es una provincia vulnerable a las actividades irregulares vinculadas al narcotráfico, con microcarteles que operan en el límite con Colombia, según Antinarcóticos. En la Policía Nacional se conoce que detrás de los negocios de las joyas habría dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.
Con base en un reporte de la Policía, en Esmeraldas se han decomisado 25 toneladas de droga y localizado cinco laboratorios desde en los últimos 10 años.
En poblaciones fronterizas como Los Ajos y Minas Viejas se hicieron grandes inversiones para comprar retroexcavadoras para las minas y la adquisición de grandes áreas para extraer oro.
Aunque la actividad continúa, esta ha disminuido por los controles que realiza la Empresa Minera Nacional. Esta se encarga del proceso de regularización con el apoyo de la Marina y Ejército.
La población de San Lorenzo es de escasos recursos económicos. La mayoría de gente vive de la madera que fue terminándose por la explotación forestal.
Los militares cuentan que los subversivos operan en las comunidades Minas Viejas, La Carolina, Cachaví, Tululbí, en el cantón San Lorenzo; Selva Alegre y Playa de Oro, en el cantón Eloy Alfaro.
“Hace 10 años llegaron extranjeros y nos ofrecían USD 500 por hectáreas y las vendíamos por necesidad”, señala uno de los habitantes de San José de Cachaví. “El oro salía en baldes”, agrega.
El presidente de la Asociación de Pequeños Mineros de San Lorenzo, Jesús Constantino, niega que la actividad minera se financie a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Explica que los 55 socios de la organización se unieron para, en grupos de cuatro, juntar capitales pequeños obtenidos de sus actividades particulares. Con ello adquirirían máquina, retroexcavadora valoradas en USD 218 000. Otros las alquilaban para trabajar. Los socios pagaban USD 7 000 al mes. Antes de la minería se dedicaban la actividad maderera con lo que, según ellos, financiaron la compra de sus equipos.
Para Miguel V., un morador de San Lorenzo, con los controles a la minería se incrementó el problema delictivo en esa ciudad fronteriza porque no había suficientes fuentes de empleo para la gente.
“Teníamos que llegar temprano a la casa porque no sabíamos la hora en que se iban a presentar enfrentamientos armados entre bandas relacionadas con el narcotráfico”, manifiesta.
Cerca de ahí está la población de Venta, San Antonio y Murciélago. En la zona existen 20 nuevos frentes mineros. Un promedio de 100 personas trabaja en cada uno de ellos. La regulación esta bajo la Empresa Nacional Minera.
Los militares recorren la zona cada semana. El oro que se obtenía era llevado a Colombia de manera clandestina, y sería usado para financiar acciones ilícitas. Hoy lo compra el Estado a través del Banco Central. Por eso se creó un centro para la compra en Selva Alegre. En la zona de San José sus habitantes y están a la defensiva.
Según, una habitantes de la comunidad San Antonio, temen que los armados les quiten la vida si dan detalles de su actividad.
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