Un guardia de seguridad privada trabaja en un sector del norte de Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Los guardias de seguridad privada se pronunciaron ante la situación que atraviesan por la emergencia sanitaria. A través de la Fenaspe, una federación que en el país agrupa a 136 000 miembros, los celadores han presentado 102 denuncias y hablan de retraso en el pago de salarios, despidos intempestivos, falta de garantías sanitarias para laborar y dificultades para movilizarse a sus puestos.
En el Decreto Ejecutivo 1017, que el presidente Lenín Moreno firmó el 16 de marzo pasado, se señala que este sector puede trabajar sin restricciones. De hecho, actualmente, los guardias no necesitan salvoconductos.
Pero muchos de ellos aseguran no tener en qué transportarse y que los empleadores solo dispusieron que cumplan el horario fijado.
Uno de ellos habló con este Diario. Dice llamarse Manolo. Tiene 62 años y cuenta que todas las mañanas debe salir de la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, a la Plaza del Teatro, en el centro. Ahí custodia un local comercial.
En ocasiones ha tomado los buses que el Municipio habilitó para trasladar, por ejemplo, al personal de salud. Pero asegura que no siempre lo llevan, porque están llenos.
La Fenaspe envió un oficio al alcalde Jorge Yunda para señalar estos problemas y solicitar que se garantice la movilidad durante la emergencia en la que los guardias privados se hallan activos.
En la Federación hay socios que muestran su preocupación por lo que pueda ocurrir con el covid-19. Allí consta el caso de un guardia que fuera desvinculado el 2 de abril, porque supuestamente se negó a manipular y trasladar un cadáver en un centro de salud de Quito.
El celador subió el video a las redes sociales. “Esa no era mi función y, además, había peligro de que la persona fallecida haya tenido coronavirus”, dice en la grabación.
En Guayaquil, los guardias han reportado que 10 celadores dieron positivo para el virus. Ellos trabajaban en zonas de atención al cliente, puertas de acceso, emergencias y triaje de hospitales.
También se ha presentado el caso de un celador que el 1 de abril pasado fue asesinado en un barrio del sur de Quito, mientras salía a laborar en la madrugada.
Por eso, el gremio exige más seguridades para transportarse durante estos días.
La Cámara de Seguridad Privada del Ecuador, que agrupa a 100 empresas del país, advierte que existen compañías por fuera de esta organización, que no entregan los equipos de bioseguridad, que han precarizado el trabajo de los guardias y que han despedido sin garantizar los derechos laborales.
Javier Villarroel y Susana Heredia fueron separados al finalizar marzo. En ambos casos la desvinculación se les notificó por teléfono. No les dieron una razón.
Personal del Ministerio de Trabajo indica que están pendientes de los casos denunciados por redes sociales y que se ejecutan controles para garantizar los derechos adquiridos. La institución informa que se han realizado 764 inspecciones en diferentes áreas del empleo.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral (Anesi ), Fred Fonseca, explica lo que ocurre con las compañías: “¿Si el margen de utilidad es solo del 3% o del 5% de dónde le piden a las empresas que les den movilización, trajes de bioseguridad, mascarillas o guantes”.
