El 62% de grilletes tiene daños; apenas 41 se hallan disponibles
De un total de 4 000, 2 477 aparatos fueron mojados, golpeados o cortados. Otros 204 tienen daños técnicos cubiertos por la garantía y serán cambiados.
Está prohibido pero lo hicieron. Unos se metieron a la piscina con el grillete encendido, lo golpearon, provocaron pequeños agujeros para que el agua se filtrara y averiaron el sistema que sirve para monitorear a los procesados. Otros actuaron igual, aunque en el jacuzzi o en la tina de baño.
El dispositivo tolera el agua, pero en condiciones extremas tiende a dañarse. Esta alerta la emite la Secretaría de Rehabilitación, que tiene a su cargo el manejo de todo el esquema y ha documentado estos hechos.
Allí reposan estos datos: de 4 000 brazaletes que comenzaron a operar en 2017 hoy están dañados 2 477. Es decir, el 62% no sirve y no tiene garantía.
Hasta ayer, estaban disponibles 41. Rehabilitación asegura que aunque son pocos, sí hay equipos libres. Por eso, la entidad preparó un oficio para el juez que la madrugada del 4 de junio dijo que no había grilletes disponibles y que por tal razón otorgaba arresto domiciliario para el expresidente de la República, Abdalá Bucaram.
Tras este hecho se conoció que solo en Guayaquil hay 16 aparatos para ser utilizados.
La idea de la Secretaría es tener más en ‘stock’, pero la empresa que vendió solamente repondrá aquellos que presenten daños técnicos, como botones, parlantes o encendido averiados. En ese grupo se encuentran 204 dispositivos.
El lunes remitieron al vendedor 102 de estos para ser cambiados. El resto se enviará apenas llegue ese grupo.
Los daños que representa el resto de brazaletes destruidos significará una pérdida para el Estado, que en el 2016 pagó USD 14 millones por todo el sistema de vigilancia.
Entre los grilletes que la compañía no cubre están aquellos que fueron rotos para huir, por ejemplo. Eso ocurrió en octubre de 2018 con el exsecretario de Comunicación del correísmo, Fernando Alvarado.
Un mes después de ese caso, una mujer, de 19 años, también se despojó del sistema de vigilancia y huyó. Pero fue capturada en su casa, en Durán-Guayas. Luego de ser arrestada contó que el dispositivo estaba en la casa de un familiar y que podían retirarlo de allí.
Al recuperarlo detectaron que la correa había sido arrancada y no se encendía el GPS.
Ese 2018 se reportó un caso similar. En abril, un procesado cortó con un cuchillo la correa que llevaba en su tobillo.
Después de que se desprendiera de él, el aparato emitió una señal. Los policías acudieron a su domicilio y encontraron al hombre con el equipo en la mano y lo detuvieron.
En una audiencia, él fue procesado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, que se configura cuando una persona no cumple con la orden de un juez. En el Código Penal (art. 282), este delito es sancionado con cárcel de uno a tres años.
La Secretaría de Rehabilitación dice haber hallado vacíos en este aspecto, pues no puede cobrar a quienes cometen daños. Tampoco está habilitado para interponer una sanción.
Cuando hay averías, lo que hace el personal es entregarle un nuevo equipo, para cumplir con la disposición legal.
Pero también han remitido los casos a los jueces de garantías penitenciarias. La idea es que los responsables sean sancionados por el delito de daños al bien público. Desde el año pasado han enviado más de 200 casos, pero tras llegar a las oficinas de la Fiscalía solamente dos de Quito y dos de Cuenca han avanzado y han pasado a la segunda fase de una investigación: instrucción fiscal.
El 16 de agosto del año pasado, agentes de la Policía capturaron en Manta a ocho personas que supuestamente robaron 14 autos y estafaron a las víctimas pidiéndoles hasta USD 7 000 para que pudieran recuperar sus vehículos.
Uno de los procesados tenía la orden de usar el dispositivo, pero la Policía confirmó que lo destruyó, lo arrojó a la calle y delinquió nuevamente.
El centro de monitoreo alertó de esta situación a los agentes, pues el aparato no registraba movimiento alguno.
Este tipo de hechos ya fue alertado por la Contraloría General en el 2018.
Desde entonces, las autoridades han dicho que las cosas han mejorado. En las últimas horas, el uso de grilletes ha cobrado actualidad por los casos de Bucaram y del prefecto del Guayas, Carlos Morales (+).
La defensa de la familia de este último dijo que antes de la atención médica un jefe policial no le permitió retirar el dispositivo aduciendo que necesitaba una orden judicial.
La Policía indicó que no tiene competencia en el tema.
La Secretaría de Rehabilitación sostuvo que “ en el peor de los casos podían haberlo roto”.
Después emitió un mensaje en Twitter: “Informamos que los dispositivos de vigilancia electrónica no son elementos que interfieran en la atención médica. Los grilletes electrónicos no perjudican ni tienen efectos adversos en la salud de quienes son los portadores”.
De hecho, un informe médico confirmó que el Prefecto llegó a la casa de salud inconsciente y sin signos vitales.
En este caso, el 3 de junio, una vez que el juez no aceptara la prisión preventiva para Morales, su abogado aseguró públicamente que no se podía cumplir la orden de que usara el dispositivo de vigilancia porque “no existe”. Ante esto, las autoridades carcelarias respondieron que sí había y que lo esperaban para colocárselo, como en efecto lo hicieron.
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