La cárcel de Guayaquil es uno de los centros en donde existe hacinamiento. Foto: Archivo / EL COMERCIO
A un mes de que se eliminara el Ministerio de Justicia se comienza a perfilar la entidad que asumirá el tema carcelario. La ministra del Interior, María Paula Romo, adelantó que será una Secretaría Técnica. En cambio, el ministro de Justicia (e), Paúl Granda, dijo que se creará una entidad especializada en materia de rehabilitación social. Lo cierto es que no pasará a ningún ministerio.
“Es imprescindible que tengamos cárceles bien administradas”, indicó Granda.
La Senplades, la Secretaría de la Política y el Ministerio del Interior tenían hasta el 20 de septiembre para definir qué instituciones asumirán todas las tareas de Justicia.
Ahora hay una nueva fecha:20 de noviembre.
Además del sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia maneja el monitoreo de grilletes, la protección a víctimas y los DD.HH.
El jurista y excandidato a Fiscal General del Estado, Stalin Raza, dice que fue un error haber eliminado el Ministerio de Justicia. “Tiene que definirse qué pasa con esa entidad. ¿Quién va a hacerse cargo del sistema de rehabilitación? El descabezamiento de mando del sistema de rehabilitación social puede ser un anuncio publicitario interesante, pero ¿qué ocurre con el sistema? ¿Lo están dejando acéfalo?”.
Siete organizaciones sociales, dedicadas a la protección de los DD.HH., calificaron el traspaso de estas tareas como “un retroceso”.
Los activistas solicitaron que se instale una mesa de diálogo. “Exigimos de manera urgente la revisión y definición de lo que será la política pública en materia de justicia y derechos humanos. El ajuste económico e institucional no puede afectar derechos conquistados”.
En un comunicado se pronunciaron la Red de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y sus Hijos, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, la Red Nacional de Casas de Acogida y otros grupos.
Actualmente, el Ministerio de Justicia tiene a cargo 30 centros de rehabilitación y 36 de detención provisional. Además, maneja 11 centros de atención a adolescentes infractores (dos femeninos y nueve masculinos).
Al 29 de agosto pasado, en todo el país estaban encarceladas 37 952 personas, pese a que solamente hay capacidad para 27 776 detenidos.
La sobrepoblación es un tema que debe analizar la entidad que se hace cargo del tema penitenciario.
Otro es la violencia y los actos ilícitos que se cometen al interior de las cárceles. Por ejemplo, en un operativo realizado el 10 de septiembre pasado, los policías decomisaron en Turi nueve celulares, 20 cuchillos, 40 litros de licor artesanal. Nada de eso está permitido. El Código Penal (art. 275) dice que quien cometa ese ilícito será condenado de uno a tres años.
Un mes antes, el 5 de agosto, en ese centro penitenciario además encontraron cocaína, un arma de fuego, 20 cuchillos, 24 cartuchos, tres teléfonos celulares. Mientras eso ocurría en Cuenca, en la cárcel de Bahía-Manabí, los agentes decomisaron 10 celulares y dispositivos que almacenan información.
El Ministerio de Justicia dice tener un protocolo para el ingreso de objetos, pero no los suficientes agentes penitenciarios para el control.
Cuentan con un vigilante para cada 50 presos. La norma internacional recomienda tener uno para 10 detenidos. Actualmente están contratados 1 524 agentes y para una población promedio de 38 000 detenidos se requieren 9 000 vigilantes más.
La situación se agrava porque no todos han entrado en un proceso de rehabilitación. En deportes, por ejemplo, participa el 50% de la población carcelaria. Otros están en temas educativos, talleres y actividades culturales.
Pero también hay grupos que se dedican a delinquir.
19 grupos delictivos han sido identificados por operar desde las celdas. Los delitos que cometen frecuentemente son extorsión a familiares de los mismos presos y hasta asesinatos que se cometen afuera de las cárceles.
En el sistema carcelario, la mayoría de gente (28,54%) está recluida por tráfico internacional de drogas. Luego están los detenidos por delitos contra la propiedad, violencia sexual, asesinatos, etc.
Pero también aparecen personas apresadas por contravenciones y por no pagar las pensiones alimenticias. Por eso, grupos de DD.HH. piden definir cuanto antes a los nuevos responsables que manejen el tema penitenciario.
Cronología
21/12/2017
El principal sospechoso por el crimen de la niña Emilia, en Loja, apareció sin vida en la cárcel de Cuenca. Las autoridades hablaron de un suicidio.
02/06/2018
Una riña entre dos grupos de detenidos dejó uno de ellos fallecido y 11 personas heridas. Las autoridades dijeron haber identificado a los responsables.
05/06/2018
Un amotinamiento registrado en la cárcel de Esmeraldas dejó tres reclusos muertos, 33 heridos y otros tres en terapia intensiva. Hubo un amotinamiento.
