Las autoridades de Seguridad de Ecuador visitaron El Salvador para conocer el Plan Control Territorial, una medida que el Gobierno implementó para “recuperar” los territorios dominados por las pandillas, informó el pasado martes 29 de abril de 2025 la Presidencia de El Salvador en un comunicado.
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Según la información oficial, Gustavo Villatoro, titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, se reunió con John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, y Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.
Según la Presidencia de El Salvador, indicaron que las autoridades ecuatorianas expresaron su interés en conocer de primera mano la estrategia de seguridad que ejecuta el Gobierno salvadoreño a través del Plan Control Territorial.
Ecuador y El Salvador compartieron experiencias de seguridad
Durante el encuentro, las delegaciones intercambiaron experiencias para fortalecer la cooperación en seguridad entre ambos países, con el objetivo de combatir la criminalidad internacional.
Las autoridades de El Salvador atribuyen la disminución de homicidios al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, que suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la inviolabilidad de las comunicaciones y extendió el arresto administrativo hasta por 15 días.
El régimen de excepción generó cifras y críticas
Las muertes violentas comenzaron a disminuir desde 2015, año que registró 103 homicidios por cada 100 000 habitantes y que se considera el más violento en la historia reciente del país. La reducción se profundizó en 2019, cuando inició la administración de Nayib Bukele.
El país reportó en 2024 un total de 114 homicidios, casi un 26 % menos que en 2023. La ciudadanía también destaca la casi desaparición de las pandillas en sus barrios. Sin embargo, analistas, académicos y activistas de derechos humanos advierten que no se puede verificar el comportamiento de otros delitos por la falta de información, ya que el Gobierno reservó los datos oficiales.
El régimen de excepción mantiene un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia. Aun así, organizaciones han registrado miles de denuncias por violaciones a derechos humanos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
El Gobierno de Bukele sostiene que desarticuló a las pandillas con más de 85 500 arrestos. La Asamblea Legislativa aceptó las solicitudes del Ejecutivo y amplió el régimen de excepción 37 veces, lo que llevó a algunos analistas a considerar esta medida como un mecanismo permanente de control social.
