22 de October de 2011 00:01

El GIR registró nueve bombazos en este año

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[[OBJECT]]La explosión de la bomba en La Pradera, en el norte de Quito, buscaba amedrentar. Así lo reveló ayer un policía del Escuadrón Antibombas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), tras analizar la detonación del jueves en el aparcamiento de una firma de abogados.

Según los expertos en temas de explosivos de la Policía, una bomba improvisada está construida por varias partes, principalmente de un detonante alto. “En la clasificación de explosivos hay bajos y altos. Los altos explotan, los bajos queman”, explicó un oficial del GIR. En el caso del artefacto que explotó en La Pradera, en donde resultó un conserje de otra empresa herido, se utilizó un cuarto de libra de explosivo, pues -según el especialista antibombas- el artefacto no fue de gran efecto.

“Fue la metralla lo que hirió al hombre, es decir hubo efectos de fragmentación”, explica. Pedazos del artefacto (esquirlas) impactaron en el rostro, tórax y brazos del conserje afectado y trasladado esa tarde a una casa de salud.

El GIR reporta de tres a cuatro amenazas de bomba al mes. El pasado 1 de junio, la unidad revisó un paquete con supuestos explosivos en los exteriores de una agencia bancaria en Portoviejo. Se desplegó un gran operativo, pero no pasó de una amenaza, que más bien pudo haber sido utilizada como distracción por los asaltantes que robaron el lugar.

El GIR asegura que es fácil adquirir material explosivo en el país, aunque no es legal. Ecuador es un país de paso a la frontera norte y se adquieren en ferreterías y con personas que trafican detonantes desde Perú o Bolivia para pasarlos a la frontera norte.

“Internamente se consigue más dinamita boliviana o peruana, sobre todo en la Amazonía”, sostiene una fuente. Aunque asegura que su uso por actos de terrorismo o por causar miedo todavía no se está utilizando. “Pensamos que tal vez son producidos por personas que quieren conseguir un bien personal”.

Claramente es un delito -dice el oficial- pues están atentando contra la vida y la seguridad de una persona, pero eso se da en gran parte por la falta de control.

Con el atentado del jueves en la firma de abogados en Quito suman nueve los ataques con explosivos que se han registrado este año a escala nacional, de acuerdo con el GIR. De ellos, tres fueron de consideración.

La madrugada del 13 de junio pasado una bomba que estalló en el barrio La Pradera de Manta, trizó y desplomó las paredes de ladrillo reforzado de una vivienda. El ataque estuvo dirigido a una familia (tres personas ilesas). Su casa se redujo a escombros y se formó un orificio de 80 cm de diámetro y 50 de profundidad.

Al día siguiente, el dueño de la vivienda fue asesinado por sicarios, cuando se encontraba frente a la casa destruida.

Un fuerte estruendo alertó la madrugada del 16 de octubre a los moradores de una urbanización en Guayaquil cuando una bomba explotó los vidrios de un auto y se destruyó la puerta de un garaje. La causa del atentado aún es investigada por los agentes.

En el atentado del jueves (el tercero de gravedad) se dijo que la bomba, que medía 15 cm, contenía clavos, tornillos y pedazos de metal. Sin embargo, los agentes del GIR esperarán los resultados de Criminalística, ya que sospechan que el detonante pudo estar contenido en un tubo de niple. “En un aparato explosivo, todas las partes metálicas van a convertirse en metralla. Puede aumentarse el impacto cuando se coloca tornillos, rulimanes, clavos, etc”.

La explosión en Quito destrozó los vidrios de seis vehículos que en ese momento se encontraban en el aparcamiento. Según la Policía Judicial, 1 029 hechos de tenencia ilegal de explosivos y armas fueron reportados en el 2009. En el 2010 hubo 860. De enero a julio de este año, 496.

Los expertos del GIR afirman que el impacto del artefacto explosivo depende de la cantidad del material detonante utilizado. “No hay que descartar que una pequeña cantidad cerca de una persona puede matarla”.

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