Los pagos se hacían en efectivo. Unos entregaron USD 250 y otros hasta 5 000. Julia R. canceló USD 2 000 y hace seis meses recibió un terreno de 200 metros cuadrados. Aún adeudaba USD 1 500 y ayer se enteró por TV que la venta no era legal, sino que se trataba de invasiones.
La señora tiene 50 años y dice que compró ese bien con el dinero que sus hijos le enviaron desde España. “Justo ayer (martes) me llamaron desde Madrid a decir que se quedaron sin trabajo y que pida al dueño de los terrenos que nos esperara por las cuotas. Ahora no sé cómo avisarles esto”.
La señora llegó a ver qué pasaba con su terreno y se encontró con el alambrado destruido. Estaba sola, pero poco a poco aparecieron más perjudicados. Se unieron como 20. “Ya no se puede confiar en nadie. Nosotros creímos en ellos, pero al parecer se robaron nuestra plata”, comentó molesto Juan P.
Él pagó USD 1 200. Dice que depositó en una cuenta que estaba a nombre de Vicente O.
El martes, cuando los policías desalojaron las invasiones, nadie identificaba a los cabecillas, pero ayer todos coincidieron que él era el promotor. “Don Vicente parecía tan bueno, no levantaba sospechas nunca”, dijo una mujer.
Los terrenos estaban desolados en la mañana. La gente no sabía qué hacer, hasta que llegaron dos camiones con militares y policías.
fakeFCKRemoveLos afectados se acercaron a los uniformados y pidieron explicaciones. El único que habló fue el subteniente Byron Zumárraga, quien estaba al frente del patrullaje. “Si tienen facturas, si tienen algún documento vayan a la Fiscalía y denuncien”, dijo el policía.
Todos se quedaron en silencio. Los familiares de Lucrecia U. siguieron con la minga y recogieron los restos de la casa que el martes tumbó el tractor: madera, láminas del techo y los pocos bloques sanos. Ella dice que vive en un cuarto arrendado en San Bartolo (sur de Quito), pero que volverá a su natal Riobamba. “Yo vendo en el mercado. Con tanto sacrificio ahorré USD 250 y con eso pagué la entrada del terreno y me quedo en la calle”. La señora llora cuando recuerda cómo se enteró de la venta de los predios: “en el mercado andaban ofreciendo”.
Édgar C. escuchó una publicidad en la radio. Él se sintió engañado “no solo por Don Vicente, sino también por las autoridades”.
Mariela Pozo es la notaría Trigésima Primera que firmó las minutas. Este Diario acudió a su oficina. Allí la funcionaria entregó una lista de 158 personas que supuestamente ya tienen escrituras, aunque el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) dice que las tierras son suyas.
Según Pozo, Vicente O. se presentó como copropietario de los terrenos y que el abogado Marcelo F. hacía los trámites. No obstante -dice- este último montó una oficina paralela y que incluso falsificó su firma. “Por eso denuncié esto en la Fiscalía”. Los perjudicados no descartan que allí se haya concretado la supuesta estafa.