El Teatro Sucre se vistió de gala anoche. Allí se posesionaron los 21 nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) seleccionados en un concurso que duró cinco meses y que impulsó el Consejo de la Judicatura (CJ).
En nombre de los nuevos jueces, Mariana Yumbay, primera mujer indígena que logró este cargo, señaló que el alto Tribunal tiene ahora un único objetivo que es “la tutela de las personas y los pueblos” y que lucharán por “una justicia emancipada”.
Los ministros José Serrano, Doris Soliz y Johanna Pesántez presenciaron el acto desde las plateas del teatro, junto con colaboradores del Régimen, la mayoría con sus familias. En las primeras filas de la platea baja se ubicaron los nuevos jueces y juezas.
Los veedores nacionales estuvieron presentes en los discursos. Al salir, el juez español Baltasar Garzón, quien lidera la veeduría internacional, se negó a hablar con la prensa y referirse a su análisis sobre la selección de funcionarios y el avance en la reestructuración de la justicia en el país.
Pero temprano, el magistrado español hizo importantes anuncios. Dijo que estudiará los reclamos presentados en el proceso.
En rueda de prensa, Garzón sostuvo que la veeduría internacional está “analizando todos y cada uno de los elementos que se han tenido en cuenta para hacer las evaluaciones”. Y aseguró que también observará las denuncias presentadas por los parlamentarios u otras personas.
De hecho ayer Andrés Páez, legislador de la Izquierda Democrática, acudió a la sala de sorteos del Palacio de Justicia para presentar dos acciones judiciales “tendientes a demostrar las irregularidades cometidas por el Consejo de la Judicatura en la conformación de una parte de la Corte Nacional de Justicia”.
Con base en el instructivo elaborado por el CJ, el legislador dice que a la jueza Yumbay debían calificarle con cero puntos en cuanto a su experiencia profesional, pero que le otorgaron al menos seis. En el artículo 32 de esa normativa se determina que los candidatos recibirán dos puntos por cada año adicional completo, contado a partir del décimo año de ejercicio, hasta un máximo de 10 puntos.No obstante, Páez advierte que esta disposición oficial tampoco se cumplió con el conjuez Édgar Guillermo Narváez.
Casos como estos han sido cuestionados, al igual que la ausencia de veedores internacionales.
El juez Garzón únicamente ha permanecido en el país dos fines de semana, antes de volver a su natal España. Anteayer llegó por tercera ocasión, para acudir a la posesión de la Corte.
“Las actividades que realizará (Garzón) en la ciudad están a cargo del Ministerio de Justicia”, dijo ayer una fuente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), pese a que este era el ente encargado de dar seguimiento a la veeduría.
En la rueda de prensa, el magistrado internacional indicó que los veedores extranjeros están “observando y analizando todos los datos” y que hablarán con los actores para hacer un informe.
Además, aseguró que el trabajo del organismo observador no es la de “ser vigilantes” del proceso de cambio en la justicia local, sino “dar una opinión sobre si lo que se está haciendo se acomoda al mandato constitucional y el mandato extraído del referendo”.
El juez incluso aseguró que en los próximos meses realizarán “una batería de visitas de forma permanente hasta el final”.
A la ceremonia asistió el presidente Rafael Correa. En su discurso, el Jefe de Estado aseguró que “los de siempre tratarán de deslegitimar la justicia”. Y advirtió que “que si hubiese un sistema de justicia efectivo, los casos no quedarían en la impunidad”.
Los magistrados entrantes estarán en funciones hasta el 2021 y hoy tendrán su primera reunión.
Allí se elegirán al Presidente y demás autoridades. Además, se conformarán las comisiones.
Según el legislador Páez, las instancias penales de la nueva Corte serán claves para el presidente Correa. Este asambleísta ha cuestionado el hecho de que el CJ haya calificado a personajes cercanos al oficialismo. Uno de ellos es Rocío Salgado, madre del ministro del Interior, José Serrano.
