Los representantes ecuatorianos que viajaron a Perú no demoraron en hacer pública la noticia.
La sanción administrativa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) impuso a Ecuador fue levantada.
Pocos minutos después de ser adoptada la medida, el procurador Diego García dijo vía telefónica que la decisión del organismo fue unánime.“No podíamos participar como delegado del Gafisud en eventos internacionales sobre lavado de activos ni realizar eventos similares en nuestro territorio. Ahora ya podemos hacerlo”, refirió el Procurador.La decisión fue adoptada en el marco del XXI Pleno de Representantes de Gafisud, que se desarrolla desde el lunes en Lima. El organismo agrupa a los países de América del Sur y México (excepto Venezuela). Fue creado hace diez años para combatir el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
García llegó al encuentro en Perú junto al fiscal general, Washington Pesántez, Gloria Sabando, superintendenta de Bancos y Seguros, el comandante de la Policía, Freddy Martínez, entre otros funcionarios que integran el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla).
Según Sabando, en la cita Ecuador ratificó un compromiso político en la lucha contra el lavado: “El fortalecimiento de la normativa vigente para mitigar las secuelas de ese delito y el terrorismo en sectores económicos clave, como el financiero, societario, inmobiliario, bursátil, entre otros”.
La funcionaria recordó que el 7 de julio pasado se presentó en la Asamblea Nacional del proyecto de reformas a la Ley de Lavado de Activos del 2005.
Con la aprobación de esta normativa, el país busca cubrir las deficiencias en el control que fueron señaladas en febrero pasado por el Grupo de Acción Financiera (Gafi). Este ente funciona de forma independiente al Gafisur.
En la reforma, dijo Sabando, se propone la tipificación del financiamiento del terrorismo, para poder sancionarlo. También el endurecimiento de las penas.
En la actualidad la sanción para un sentenciado por lavado de activos es de entre tres y seis años de reclusión mayor siempre que el monto de los activos objeto del delito supere los USD 50 000 y no excede los USD 3 00 000.
Co el proyecto de reforma se busca que la pena sea de entre ocho y 12 años de cárcel.
El reconocimiento del Gafisud es el segundo de tipo internacional que Ecuador recibe en los últimos dos meses.
En junio, el Gafi decidió remover a Ecuador de la lista de países “con graves deficiencias estratégicas en medidas antilavado de activos”. Entonces, el presidente de la República, Rafael Correa, aseguró que haber incluido en la lista a Ecuador fue una “barbaridad” y que “así como no nos importó que nos pongan, no nos importa que nos saquen”. En febrero, en cambio, cuando el Gafi cuestionó las políticas ecuatorianas, el Primer Mandatario señaló que el organismo adoptó una retaliación política “por haber profundizado relaciones diplomáticas y económicas con un país como Irán al cual estimamos mucho”.
Además, agregó, el Gobierno desconocería la autoridad moral que tiene el Gafi, por que “detrás están las más grandes potencias del mundo que son las principales lavadoras de activos”. Con qué solvencia moral vienen a condenar a Ecuador, enfatizó.
Ayer, en cambio, los representantes ecuatorianos que viajaron a Perú no ocultaron su alegría. García dijo que con la decisión del Gafisud se devolvió a Ecuador “el lugar que le corresponde de acuerdo a la realidad de su labor de control”.
El fiscal Pesántez también se pronunció a través de un comunicado de prensa. Afirmó que con el levantamiento de la sanción a Ecuador “el país seguirá con la ejecución del plan de acción de control que se ejecuta desde el 2007”.
Según el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en el 2009 se lavaron alrededor de 7 000 millones de dólares en el país. Entre el 2005, y lo que va del 2010, la Policía Antinarcóticos conoció 120 casos de presunto lavado de activos. Pero de ese total, solo 28 están siendo investigados por el Ministerio Público. “Ecuador mantiene un control adecuado de las operaciones del sistema financiero dada nuestra preocupación de evitar que estos delitos afecten la estabilidad de la economía y la democracia en su conjunto”, afirmó Sabando.
Según ella, antes de que el Gafi adopte la decisión de levantar la sanción administrativa, la delegación ecuatoriana realizó una exposición de los avances del país en el combate al lavado.
La funcionaria resaltó las medidas adoptadas por la Superintendencia de bancos en mayo y junio para de prevenir el delito. “Mediante la identificación de factores, el análisis de perfiles, la elaboración de matrices y el establecimiento de sistemas de alertas y reportes de riesgos”. También con la actualización y depuración de bases de datos y la aprobación para nuevos productos.