El proceso contra los policías inculpados por la revuelta del 30 de septiembre cayó en un enredo jurídico. Hoy, en Guayaquil, el Pleno del Consejo de la Judicatura buscará la fórmula para cumplir lo establecido en el inciso cuarto del artículo 160 de la Constitución.
La norma reza: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la Función Judicial; en el caso de delito cometido dentro de su misión específica, serán juzgados por salas especializadas en materia militar y policial, pertenecientes a la misma Función Judicial”.
Por los hechos del 30-S, la Fiscalía inició tres instrucciones contra 40 policías. Los casos -intento de magnicidio, rebelión y atentado a la seguridad pública- son tratados por jueces de primera instancia y no por salas especializadas.
Para la defensa de la Policía, eso pudiera ser causal para demandar la anulación de los casos.
A Marco Freire, fiscal de Pichincha, le inquieta el desenlace de la reunión de hoy en la Judicatura. El domingo último, señaló que los uniformados sí pueden ser juzgados por jueces de primera instancia, en virtud de que los supuestos delitos que se investigan fueron cometidos fuera de la misión.
Juristas como Mauricio Gándara y Fernando Casares consideran que los juicios a los policías, por los hechos del 30 de septiembre, debieran ceñirse a lo estipulado en el art. 160. “Estaban en su cuartel, con su uniforme, en su horario, y en esas circunstancias se produjeron los hechos”.
En el Consejo de la Judicatura (CJ), según su titular, Benjamín Cevallos, hay conciencia de que tras dos años de vigencia de la Constitución hay un vacío. El vocal de la CJ, Homero Tinoco, señaló que “por tratarse de un tema de extrema urgencia” el Pleno hallará hoy una respuesta a la necesidad de contar con salas especializadas para policías y militares.
Ayer, Freire dejó entrever que la creación de dichas salas alteraría los procesos de los 40 policías. “Sería una barbaridad”, dijo, porque todo lo actuado se nulitaría. “La resolución del CJ tiene que ser real. Nadie de los que están procesados tiene fuero de Corte Provincial. Entonces, consecuentemente, las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces están enmarcadas en lo legal”.
Actualmente existen salas especializadas en la Corte Nacional de Justicia y en las Cortes Provinciales. Tinoco esbozó una propuesta para plantearla hoy en la reunión extraordinaria del CJ:
“Ampliar las competencias de las salas de las cortes provinciales para que puedan conocer los casos de policías y militares. Eso es absolutamente legal. Y sería una salida rápida ante la imposibilidad de conformar este rato las salas especializadas que establece la Constitución”.
Según Tinoco, otra salida sería conformar estas salas especiales, “pero van a creer que se conforma a última hora y con dedicatoria. Como el CJ no puede llamar a concurso, se pueden formar con jueces probos existentes”. Para que los casos no se anulen, dijo, el dictamen fiscal deberá ser conocido por salas especializadas.
Peritaje en el ‘rastrillo’
El abogado de la policía Denise Arrobo Duque llegó ayer, antes de las 09:30, al Regimiento Quito 1, para el reconocimiento del ‘rastrillo’ (bodega de armas y municiones) programado por la Fiscalía.
Su afán era, durante la diligencia balística, probar que el arma de dotación de su defendida no fue disparada el 30-S. Esa pistola está en el rastrillo desde agosto, contrario a la tesis de la Fiscalía de que el arma sí fue disparada. Arrobo es una de las inculpadas por el delito de rebelión.
El fiscal Jorge Cano levantó un inventario del material existente. A las 10:45, una hora y 15 minutos más tarde de lo previsto, Cano ingresó al sitio de almacenamiento del armamento, ubicado en la parte posterior del edificio principal del Regimiento Quito 1.
La bodega está a 150 metros al sur del patio donde se iniciaron las protestas el 30-S. Tras informar de la diligencia a los comandantes de las unidades policiales, el Fiscal inspeccionó el sitio.
Luego de dos horas, se retiró no sin antes anunciar que los peritos Carlos Echeverría y Ney Bravo seguirán con las diligencias y que tienen ocho días para presentar un informe. Cano, quien investiga la rebelión de los uniformados, anunció que, por pedido de la defensa, se hará un peritaje de balística en el Hospital de la Policía.