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50 altos funcionarios participaron en el comité de caso Gabela

El martes, Patricia Ochoa asistió a la Fiscalía y escuchó la declaración de Meza. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El martes, Patricia Ochoa asistió a la Fiscalía y escuchó la declaración de Meza. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El martes, Patricia Ochoa asistió a la Fiscalía y escuchó la declaración de Meza. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Ministros, viceministros, subsecretarios, asesores, directores, juristas y analistas. En total, 50 funcionarios del Estado participaron en las reuniones del trabajo del Comité Interinstitucional que creó el expresidente Rafael Correa, en el 2012. El objetivo era investigar la muerte de Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ocurrida en el 2010.

El trabajo de este equipo duró casi tres años, de noviembre del 2012 a junio del 2015.

En ese período pasaron funcionarios que pertenecían a los ministerios de Justicia, Defensa, del Interior y Seguridad Interna. También participó personal de las secretarías de Trasparencia y de Inteligencia.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, habla en los estudios de EL COMERCIO sobre el caso de su esposo, el general Jorge Gabela, asesinado hace ocho años.

A dos reuniones del Comité asistió un delegado de la Presidencia de la República. Este funcionario era Coordinador General de la Secretaría de la Presidencia e intervino en sesiones que se realizaron el 16 y el 30 de octubre del 2013.

Para esa fecha, el perito Roberto Meza, quien fue contratado por el Estado para indagar el crimen, ya había entregado al Comité tres informes.
El último documento lo presentó el 8 de julio del 2013.

Cinco años después, el texto original que elaboró el perito ha desaparecido. Según él, esa documentación contenía sus conclusiones: que la muerte del oficial no fue por un intento de robo sino que tenía relación con sus denuncias sobre los

El trabajo que realizaron los funcionarios en cada cita no está claro, pues según el abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, las actas fueron entregadas de forma incompleta a la Fiscalía, en donde se abrió una indagación.

Lo que sí existe son 76 nóminas de quienes acudieron a las reuniones del Comité. Allí constan los nombres de los exministros de Justicia Johana Pesántez, Lenín Lara y Ledy Zúñiga. También acudió César Augusto Ochoa, viceministro de Justicia, quien, según el perito Meza, le pidió que eliminara 35 páginas de su informe final. De hecho, el documento que el Ministerio de Justicia envió a la Fiscalía tiene 95 páginas sin firma ni sumilla, mientras que el elaborado por el experto tenía 130 páginas.

Según el Decreto 1317, con el que se creó el Comité, este organismo tenía que realizar tres funciones: recopilar información y hacer entrevistas a personas que pudieran tener algún vínculo con la muerte del excomandante. Su segunda misión era acceder a archivos, incluso los clasificados como secretos o confidenciales, siempre “que tengan relación con los objetivos del Comité”.

La última tarea consistía en realizar sesiones y hacer visitas “o cualquier otra actividad que se considere pertinente”.

Otro funcionario que asistió a las reuniones fue el exministro del Interior José Serrano junto con sus delegados, entre ellos, Javier Córdova y Diego Fuentes, exviceministros, y Carina Argüello, quien fue subsecretaria de Seguridad Interna de esa cartera.

Por el Ministerio de Defensa acudió a una sola reunión María Fernanda Espinosa, el 18 de noviembre del 2013. Sin embargo, quien estuvo delegada a las sesiones por esta cartera fue María Fernanda Carrillo, que en ese entonces se desempeñaba como directora de Derechos Humanos. En el último año de trabajo también participó Fernando Cordero.

De la Secretaría de Trasparencia participó, por ejemplo, Vinicio Alvarado, quien acudió una vez al Pleno del organismo.

Por parte del Ministerio de Seguridad Interna estuvieron Homero Arellano, en el 2013, y César Navas, quien asistió a un par de reuniones en el 2015.

El trabajo del Comité, según el Decreto Ejecutivo, concluiría una vez se determinara los motivos detrás de la muerte de Gabela y se redactara un informe con las conclusiones finales que debía ser remitido al Presidente junto con “todos los documentos, denuncias, actas de testimonios y de criterios técnicos”. El Decreto también dice que, después de que el Presidente analice el documento final “lo pondrá en conocimiento de la ciudadanía y será de acceso público”.

El 3 de febrero del 2015, la entonces ministra Zúñiga afirmó públicamente que el perito Meza había determinado que el crimen de Gabela fue por delincuencia común. En esa rueda de prensa dijo que la Comisión debía evacuar una pericia para terminar su labor. “En cuanto se termine (la experticia) se entregará el informe para conocimiento del Presidente”, indicó.

En contexto

En el 2012, el Tribunal del Guayas sentenció a cinco personas por la muerte de Gabela a penas de 12 y 25 años de cárcel. El fiscal del caso, René Astudillo, determinó que el móvil había sido un intento de robo. Desde entonces, la familia Gabela rechaza esa teoría.

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