El proceso de reforma en las Fuerzas Armadas se fortalece tras la aprobación de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
La nueva norma plantea que los militares, sin descuidar su misión de defensa externa, intervengan en la protección interna, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana por disposición del Presidente de la República.
A esto se suman más cambios en las vísperas de las celebraciones por el Día de las FF.AA., el próximo 24 de mayo. El presidente Rafael Correa aprobó la propuesta de modernización que los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco) y la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, le presentaron la semana pasada en un taller realizado en el Palacio de Carondelet.
Este plantea un reajuste del talento humano; es decir, reducir el número de soldados de 42 000 a 34 500 hasta el 2025.
También le expusieron un detalle de la ubicación técnica y territorial de las unidades militares a escala nacional, en función del nuevo Mandato Constitucional y de los escenarios de riesgo y de amenaza para el país. La idea es optimizar el uso de las bases aéreas y un mecanismo para fortalecer los delitos en la franja costera; así como tener menos unidades pero bien equipadas.
Por ejemplo, la Fuerza Terrestre tiene 23 fuertes y se eliminarán siete. En cuanto a las unidades militares, pasarán de 271 a 235. Como parte de los cambios, la base aérea de Taura albergará a la Infantería Aérea y al ala 22 de helicópteros de la FAE, precisó Correa. Además, Manta será una base tripartita de la Marina, Ejército y Aviación para optimizar recursos.
Otro punto es la reforma en los procesos de formación de conscriptos y reservistas. Según Espinosa, las reservas militares “estaban debilitadas y no existían”. Ante eso se busca un esquema que permita formar a los jóvenes adecuadamente y tener un cuerpo de 10 000 conscriptos al año y una reserva de 50 000.
Estos anuncios ya fueron realizados anteriormente por Correa durante la posesión de los nuevos jefes militares el 30 de abril pasado. “No es razonable tener mayor número de efectivos que antes de la firma de los acuerdos de paz de 1998”.
La reducción de militares se articula con la propuesta del IV Libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, planteado por el Ministerio Coordinador de Seguridad.
Con esta normativa se busca homologar y fortalecer cuatro entidades que ya fueron creadas: Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador, de guías penitenciarios y Guardia Forestal.
El Jefe de Estado planteó a los militares que se unieran, de forma opcional, a estos cuerpos de seguridad. Para eso “se realizará un plan de incentivos muy beneficioso para aquellos que quieran retirarse de las FF.AA.”, precisó Correa.
El Gobierno espera contar con 13 433 agentes para que formen parte de las entidades que serán de carácter civil y podrán estar armadas. Actualmente ya hay 5 523 funcionarios que trabajan en estas tareas. Ante esos anuncios, la cúpula saliente de las FF.AA. mostró, en diciembre pasado, su preocupación por el Proyecto de Ley en un mensaje difundido en YouTube.
Los militares de tropa sienten incertidumbre por el tema. La semana pasada, este Diario consultó -afuera del Ministerio de Defensa- a 17 cabos y sargentos. De ellos, 14 dijeron que no aplicarían el ingreso a los nuevos cuerpos de Seguridad, porque sienten que su formación es militar. Tres lo harían si es que realmente obtienen mayores beneficios económicos y ascienden de grado.
El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana contiene tres libros y fue enviado por el Ejecutivo el 30 de septiembre del 2011. Sin embargo, “el cuarto todavía no ha sido desarrollado totalmente”, explicó el legislador oficialista Eduardo Zambrano, de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, en donde se analiza la nueva normativa.
Según el asambleísta, se va a retomar en los próximos 15 días la socialización del IV Libro. “Se afinan detalles que están en manos de los técnicos. Se debió entregarlo 30 días atrás, pero se pidió una ampliación”.
El apoyo de las FF.AA. a la Policía es uno de los objetivos de la Defensa, según el Plan Integral 2014-2017. “Desarrollarán capacidades estratégicas conjuntas para operativos de control antidelincuencial, control de armas y narcotráfico (…)”, se dice en el documento.
Este objetivo se relaciona con lo que plantea la aprobada Ley de Seguridad Pública y del Estado. Sin embargo, legisladores de oposición cuestionan que la nueva normativa se va en contra de lo que señala la Constitución en el artículo 158.
De acuerdo con esta norma, las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Del orden interno del país se encarga la Policía.
Para Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, las fuerzas de seguridad militar deben estar subordinadas a una autoridad con control democrático y dentro de los límites de la Constitución. “Esta reforma no es recomendable y es inconstitucional”.
El jueves, la Asamblea aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Esa normativa plantea que los militares intervengan en la protección interna, sin descuidar la defensa de la soberanía. También habrá un proceso de modernización en las FF.AA.
13 433 Agentes necesita el país en los cuatro entes de seguridad.
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