Dolores Guerra, esposa de Gómez, durante un plantón, en el 2010, por el caso González. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Faltaban 10 minutos para las 11:00. Era el 30 de julio del 2015 y Erwin V., de 43 años, visitaba la Embajada de Ecuador en Caracas, en Venezuela.
En una oficina de la sede diplomática lo esperaba Silvia Juma, fiscal del caso González y otros. Ese día, el hombre dio su versión sobre la balacera que sucedió en una farmacia, el 19 de noviembre del 2003.
Esa mañana, la Policía de Guayaquil realizó un operativo en el interior del local, para supuestamente frustrar un robo. Pero tras la incursión se reportaron ocho personas muertas y cuatro desaparecidas.
Entre estas se encontraba Vivar, que 12 años después ya fue contactado por la Fiscalía.
En su declaración a la fiscal Juma revivió todo lo ocurrido.
Contó cómo se relacionó con una banda delictiva y cómo se planificó el asalto a la farmacia. Dijo que las cosas salieron mal y que fue detenido y torturado. Logró sobrevivir y viajó a Venezuela.
Los detalles de ese testimonio se recogen en seis hojas que concluyen con las firmas de Vivar y de la fiscal.
Casi un año después de haber entregado esa información, el hombre fue traído al Ecuador, se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía y se reencontró con su familia.
Su esposa y su hijo, quien tenía 2 años cuando desapareció, hablaron con él durante 15 minutos, el domingo 26 de junio.
Había alegría al saber que había sobrevivido, pero también reproches e indignación porque estuvo oculto durante 13 años, cuenta Juan Pablo Albán, abogado de los familiares de tres desaparecidos en este caso. “La esposa del señor nunca supo de su paradero. Si lo hubiera sabido, cuál sería el propósito de continuar buscándolo”, agrega el jurista.
El impacto de la noticia, sobre la localización con vida de este hombre, no solo ha causado efectos en la familia de él.
En el plano judicial hay un debate sobre la actuación de la Fiscalía, al haber conocido la versión de Vivar y no haberla informado a las familias.
Luigi García, abogado de René González, oficial que ese 2003 estuvo a cargo del operativo policial en la farmacia, habla de un supuesto fraude procesal. De llegar a probarse que se produjo ese delito, los responsables podrían ir a la cárcel de uno a tres años. Esa es la pena que el Código Penal (art. 272) establece para la persona que antes o durante un juicio “oculte los instrumentos o pruebas” para engañar al juez.
La fiscal Juma ha negado que la Fiscalía procediera mal. En una entrevista radial, dijo que todos los documentos, las versiones y diligencias que la entidad practicó para encontrar al hombre “se encuentran dentro del expediente”. Y aseguró que “siempre han existido dentro del expediente, que está a conocimiento y acceso directo de los sujetos procesales (víctimas e investigados)”.
Pero Albán aclara que las veces que ha revisado el expediente no ha encontrado la versión del testigo, que la Fiscalía presentó en la Corte Nacional el lunes 27 de junio pasado.
“¿Cuál es mi impresión de esto? Que debían decirle a la esposa (que ya lo habían hallado)”, comenta Albán.
El pasado lunes, 28 de junio,en la Corte Nacional, la Fiscalía presentó cargos contra 14 policías y un civil: Luis Felipe Mantilla, exministro de Gobierno.
Él también tiene cuestionamientos sobre la forma cómo se maneja el caso y cómo se lo vinculó en el proceso. “Me han dicho que mi responsabilidad sería por omisión, pero fui el primero en solicitar una investigación de lo que ocurrió en la farmacia”.
Tres semanas después de la balacera, el 2 de diciembre del 2003, el Inspector General de la Policía de ese entonces entregó el resultado de una investigación interna en la Policía.
La conclusión fue que hubo mal procedimiento de los agentes y que no se aplicó el uso proporcionado de la fuerza.
Según Mantilla, él entregó ese documento a la Fiscalía y el caso fue judicializado. “¿Qué más podía hacer?, no podía ordenar a los jueces que sentencien a favor o en contra”, dice.
En la versión que entregó Vivar también hay pistas sobre lo que pudo pasarle a Johnny Gómez, una de las tres personas que siguen desaparecidas y cuya imagen aparece en una fotografía con el rostro cubierto.
Según el testigo, Gómez estuvo con él en un vehículo que los trasladó hasta la Policía Judicial del Guayas. “Johnny le gritaba (a un policía) ‘¿Adónde nos llevas desgraciado?… Al rato le volvió a preguntar: si nos vas a matar hazlo rápido. El policía nos respondió: ‘No, niñas, se van a pudrir en la PTJ, donde nadie sabe de ustedes”.
En ese lugar habrían sido torturados por entre ocho y 10 días, hasta que los llevaron al estero Salado, detrás de la PJ.
“Me sacaron la bolsa negra (de la cabeza), me tiraron al agua y luego tiraron a Johnny. Creo que él estaba moribundo. Yo empecé a nadar hasta lo más profundo, empecé a sentir las balas cerca de mi cuerpo. Por eso agarré el cuerpo de Johnny y me cubrí”.
Dolores Guerra, la esposa de Gómez, no supo esos detalles hasta la semana pasada.
“La gran pregunta es si en este momento, practicándose una diligencia técnica de dragado, para retirar restos del fondo del estero pudiera recuperarse algo”, preguntó Albán.
La Fiscalía dice que se hará todo para encontrar a Gómez. Así, mañana tomará el segundo testimonio de Vivar.
