El 3 de junio pasado, agentes de la Policía realizaron un operativo por el caso de la empresa de Agua de Quito. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
Tres meses después de las primeras detenciones por el presunto sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad en la Epmaps, la jueza Ana Cristina Guerrón vinculó a la gerente de la empresa Silverti al proceso penal.
La jueza acogió ayer, 2 de septiembre del 2020, el pedido de Fiscalía para incluir a Sandra O.R., gerente de la firma que ganó el contrato por USD 167 920. En este proceso de contratación participaron, por invitación directa, tres empresas, de las cuales Silverti fue la elegida por presentar un valor menor y disponibilidad inmediata.
Dentro del expediente del caso, que tiene 23 cuerpos y al que este Diario tuvo acceso, existe una intervención de la fiscal Claudia Romero que señala la existencia de sobreprecios. Ella, quien estuvo a cargo de las primeras diligencias y que luego fue reemplazada por el fiscal Mario Muñoz, llegó a esta conclusión tras un informe de Criminalística.
En el documento que está dentro de los informes que manejan los investigadores, se adjuntan facturas con montos inferiores por la compra de guantes, mascarillas y trajes que hace esa dependencia para proteger a sus agentes, quienes se exponen a diario a riesgos biológicos.
La defensa de la empresaria guayaquileña señaló ayer, durante la audiencia de vinculación, que no hubo ninguna ilegalidad. El abogado Santiago Bautista comentó durante la audiencia de vinculación que hubo un contrato de por medio que ella cumplió en su totalidad y que se entregaron los insumos requeridos en los plazos determinados previamente.
Este caso se remonta al 3 de junio del 2020. Entonces, el gerente general de la Epmaps y otros funcionarios fueron detenidos. La Fiscalía inició así una investigación por el presunto delito de peculado en la adquisición estos insumos que debían servir para proteger a los trabajadores de la institución.
Dentro del expediente además hay referencias sobre las presuntas irregularidades en las que estaría involucrada la empresa de Sandra O.R, en Guayaquil. En esa ciudad también se investiga a Silverti por el presunto sobreprecio en bolsas para cadáveres que adquirió el Hospital de Los Ceibos durante el pico de la emergencia. Fiscalía cree que cada funda se adquirió a USD 148, un 1 311% más del valor normal en el mercado.
De hecho, los agentes creen que la Epmaps terminó la relación contractual con Silverti, sin seguir los pasos establecidos en la Ley de Contratación Pública, solo después de conocer sobre el escándalo de las bolsas para cadáveres. “La administración se asusta y decide unilateralmente cancelar este contrato”, dijo Romero el 18 de julio último.
Ese día se llevó a cabo la audiencia de apelación a la prisión preventiva que presentaron dos de los procesados quienes recibieron como medida sustitutiva el uso del grillete electrónico. La misma disposición, pero el 29 de julio, se dio a favor de Guido Andrade, exgerente de Agua de Quito.
Hoy, los siete procesados tienen medidas sustitutivas y se defienden en libertad. En la audiencia de vinculación, la jueza dictó en contra de Sandra O.R, a medida de presentación periódica. Desde este 4 de septiembre debe acudir a la Fiscalía todos los viernes. También tiene prohibición de salida del país. Estas medidas sustitutivas además se aplicaron al exgerente de Ambiente de la Epmaps quien también fue vinculado ayer al proceso.
Él es señalado por Fiscalía de ser quien firmó la resolución de adjudicación y el contrato con Silverti. Su abogado, Joan Paul Egred, señaló que su cliente es inocente. Él además, indicó a este Diario que envió un oficio a Fiscalía para que enseñe los supuestos documentos originales firmados por su cliente. Su pedido, dijo, se da luego de conocer que el expediente completo de la contratación se extravió de la Empresa de Agua Potable. “Hay una denuncia de aparente hurto de todo el expediente contractual, sin que la Epmaps determine quién ha sido el responsable. Es algo gravísimo”.
Debido a la vinculación de estas dos personas al proceso, la jueza Guerrón ordenó que la instrucción fiscal se amplíe 30 días adicionales, a partir de la audiencia realizada ayer.
