El juicio por el caso Las Torres, en el que están procesados el excontralor Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y nueve personas más por presunta delincuencia organizada, entró en su recta final.
Este miércoles 7 de diciembre del 2022, se instaló el día 44 de la audiencia de juzgamiento, en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.
En esta diligencia, la Fiscalía, la Procuraduría y los abogados de los 11 acusados presentarán sus alegatos de cierre, es decir las conclusiones y principales argumentos que se obtuvieron durante este proceso judicial.
La primera en dar su exposición fue la fiscal general, Diana Salazar. Ella indicó que se han presentado 31 pruebas testimoniales y 24 documentales que demostrarían “la existencia de un grupo delictivo organizado” que habría sido liderado por Pablo Celi y por Pablo Flores.
Según Salazar, esta supuesta estructura criminal exigía sobornos a una empresa a cambio de desvanecer glosas en la Contraloría, mantener contratos con Petroecuador y gestionar pagos pendientes.
En cambio, los abogados de los procesados aseguran que sus clientes jamás se pidieron coimas ni se beneficiaron de pagos ilegales.
Además, rechazan los argumentos de Fiscalía y señalan que las pruebas carecen de fundamento. Aseguran que sus defendidos son inocentes y que las pruebas no demuestran que hayan cometido el delito.
El pedido de Fiscalía
Salazar pidió a los jueces de la Corte Nacional que sentencien a los 11 procesados por esta presunta trama ilegal. La titular de la entidad investigadora solicitó que se impongan penas diferenciadas, de acuerdo al grado de presunta participación.
Por ejemplo, para Pablo Celi Pablo Flores solicitó una condena de 13 años y cuatro meses de cárcel.
Para Natalia C, exasesora de Flores en Petroecuador y Daniel O., exgerente de Comercio de la estatal petrolera solicitó nueve años y cuatro meses de cárcel.
Para Luis A, hermano del exsecretario de la Presidencia, Esteban C, hermano del excontralor. Álvaro de G, Andrés L., Ángelo R. y Silvana R. pidió una pena de siete años de cárcel.
En cambio, para la procesada Martha B. Salazar solicitó seis meses de prisión, por su colaboración eficaz con Fiscalía.
Luego de que concluyan los alegatos de cierre, los magistrados Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa tendrán que analizar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía y por los abogados de los procesados.
Luego deberán decidir si condenan o no a los 11 procesados por el delito de delincuencia organizada.
El monto de reparación
En caso de ser hallados culpables, la Fiscalía pidió que los implicados paguen USD 4 millones como reparación al Estado ecuatoriano. Ese monto “deberá ser cancelado de manera proporcional por todos los implicados a excepción de Martha B., por su cooperación eficaz”, indicó la Fiscalía.
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