Hasta ayer, Roberto S. y Omar U., ex directivos de Cofiec, eran los únicos detenidos por el crédito de USD 800 00 otorgado al argentino Gastón Duzac.
Pasadas las 17:50 de ayer se inició la audiencia de formulación de cargos. Fue el segundo intento para iniciar la investigación por el supuesto delito de peculado.
En la mañana (09:05), la defensa planteó falta de competencia y la jueza penal Paulina Sarzosa se inhibió de conocer la causa. De inmediato remitió el expediente a la Corte Provincial.
Emiliano Donoso, defensor de Roberto S., fue quien pidió que la jurista no conozca el tema. Y aseguró que su planteamiento se debía a que el Código Orgánico de Finanzas Públicas señala que los administradores, gerentes o representantes legales de las empresas incautadas por la AGD gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia.
Esta figura se aplica -dice la Ley- desde el 1 de enero del 2010. Es decir, estaba vigente cuando se tomaron las decisiones en el Directorio de Cofiec.
En la audiencia que se realizó en la mañana, la fiscal María Susana Rodríguez narró que el 20 de diciembre del 2011 se entregó el empréstito número 3923, por USD 800 000 a Duzac. El plazo fue de 180 días, a una tasa de interés del 10% anual y para capitalizar una empresa que ofertaría servicios bancarios móviles.
Estos datos constan en la orden de operación y previa aprobación del Comité de Crédito de Cofiec.
El desembolso -dijo Rodríguez- fue aprobado el 9 de diciembre del 2011. A través de un correo, el entonces presidente ejecutivo del Cofiec,
Antonio Buñay, solicitó la aprobación de esa operación. El visto bueno lo dio Germánico Maya, presidente del Directorio de la entidad, y los directores principales, Roberto S. y Omar U.
La fiscal Rodríguez afirmó que el dinero se dio sin las garantías necesarias para asegurar el cobro del monto y apenas dos días después de la apertura de la cuenta 1005727 en el banco Cofiec, a nombre de Duzac.
Sobre esto aseguró también que se hizo sin depósito inicial y con la documentación incompleta de quien realizaba la solicitud.
Según la Fiscalía, para el 19 de diciembre del 2011, en sesión del Directorio, según el acta 350-11, Maya, Roberto S. y Omar U. ratificaron dicha aprobación y se dio el desembolso al día siguiente. Y ese mismo día se concretó una transacción internacional de los USD 800 000.
Rodríguez explicó que el préstamo se hizo sin un sustento sobre los ingresos del beneficiario, como persona natural o apoderado de la empresa
Agroexportadora S.A. Tampoco adjuntó los estados financieros que permitan evidenciar su capacidad de pago.
Según la fiscal, se trató de la primera operación crediticia a favor de Duzac, la cual no constó en la información de la central de riesgos.
Además, se desconocía la situación patrimonial de quien recibía el crédito.
A la salida de la primera diligencia, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, prefirió no referirse a más órdenes de detención de otros directivos.
En la noche, en la primera sala penal de la Corte de Pichincha se instaló la audiencia, pues si en 24 horas, después de los arrestos, no se analizaba el caso, los detenidos podían quedar en libertad.
Hasta el cierre de esta edición seguían las deliberaciones y la Fiscalía pidió que el juez dicte prisión preventiva por 90 días.
Sin embargo, los abogados de los ex directivos dijeron que sus clientes son inocentes y que su actuación fue apegada al derecho.
La defensa negó las responsabilidades en este caso y señaló que ellos aprobaron el préstamo, pero que previamente condicionaron a que en las fichas consten las garantías de pagos reales. Además, indicaron que solo avalaron un cupo de crédito, pero “nunca su desembolso”.
Los juristas Anacelida Burbano, Edwin Sánchez y Mara Valdiviezo fueron los jueces que escucharon a las partes. En la noche, familiares de los investigados seguían en la Corte Provincial.