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Fiscalía podrá contratar médicos, psicólogos y trabajadores sociales

Una perito en psicología atiende a una víctima de violencia en la cámara de Gesell.

Una perito en psicología atiende a una víctima de violencia en la cámara de Gesell.

Han pasado cuatro meses desde que su pareja le agredió con una correa y en sus piernas ya no hay rastro de las lesiones. Tampoco quiere recordar lo que sucedió.

“No quiero hablar más sobre eso; él ya me pidió perdón y no se ha vuelto a portar mal conmigo; me quiere”, le dice la víctima al perito en psicología.
Entonces, el experto concluye que durante el tiempo transcurrido entre la lesión y la evaluación psicológica se han desvanecido las huellas psíquicas, como ansiedad y depresión.

La fiscal de género Maricela Yánez sabe que mientras más tiempo pase después de una agresión es usual que una víctima se muestre reacia a hablar con psicólogos, trabajadores sociales o médicos legistas. “Pero si tuviéramos más peritos, que atiendan en las primeras 24 horas a las mujeres que han sido violentadas, esto sin duda se reduciría bastante”.

En Cotopaxi, en donde labora Yánez, hay apenas un psicólogo, un trabajador social y un médico legista para toda la provincia. La fiscal cuenta que actualmente el psicólogo despacha las evaluaciones que le fueron asignadas en agosto del 2018. “Tuvimos el caso de una menor abusada sexualmente. Ocurrió un fin de semana y como no había perito debimos enviarla a Ambato. ¿Se imagina la revictimización que debió sufrir esa joven?”.

En Santo Domingo de los Tsáchilas ni siquiera hay psicólogos. En Cañar, Carchi, Los Ríos y Esmeraldas tampoco existen trabajadores sociales, según la Fiscalía (ver info).

Esto significa, por ejemplo, que los niños abusados sexualmente o golpeados en sus hogares, las mujeres maltratadas y los menores que han presenciado la muerte de sus madres en manos de sus progenitores deben ser remitidos a otras provincias para establecer cuáles son sus daños psicológicos.

El pasado lunes 18 de febrero de 2019, luego de tres semanas de la posesión del nuevo Consejo de la Judicatura, su titular María del Carmen Maldonado delegó a la Fiscalía General del Estado la facultad de emitir nombramientos provisionales. De esta forma se contratarán peritos psicológicos, trabajadores sociales, médicos legistas y además secretarios y asistentes para fiscales.

En total son 277 nuevos funcionarios que recibirán nombramientos temporales. La idea es que den respuesta a las denuncias de violencia de género y contra los menores.

Según Maldonado, la transferencia de facultades “permite fortalecer la autonomía de la Fiscalía, que en distintos momentos se ha visto limitada”.
El anuncio se realizó en una rueda de prensa a la que asistió la fiscal general encargada Ruth Palacios. Ayer, ella recordó que semanas atrás había denunciado la falta de peritos y de fiscales a escala nacional.

Una perito en psicología atiende a una víctima de violencia en la cámara de Gesell. Foto: EL COMERCIO

El 15 de enero, Palacios pidió públicamente al Consejo de Participación Ciudadana y a la Judicatura transitoria, que se devuelva la autonomía e independencia administrativa de la Fiscalía. También solicitó la reanudación de los concursos para incrementar el número de fiscales y funcionarios.

Pichincha es la provincia que más psicólogos tiene. Hay 20 expertos. Sin embargo, Diego Arboleda, psicólogo de la Fiscalía en Quito, dice que los casos que hoy se atienden son citas asignadas hace dos meses.

Cada día atiende a dos pacientes, pues una valoración psicológica tarda entre tres y cuatro horas. “El problema de no atender la lesión psicológica en su momento es que las víctimas ya no quieren denunciar porque se han reconciliado con sus parejas y hay que entender que ellas están en un ciclo de violencia constante”.

Jéssica Jaramillo es presidenta de la Fundación contra la violencia hacia las mujeres y niños. Cuenta que anteayer acompañó a una mujer golpeada a la Unidad de Flagrancia de Quito. Estuvo cinco horas allí y no logró ser atendida. “Le dijeron que la lesión no era tan grave y que como había muchas personas vuelva hoy (lunes)”.

Indica que la mujer tuvo que ser atendida en el hospital del IESS, pero debido a que los reportes médicos no tienen validez legal debe ahora solicitar un turno con el médico legista. “Cuando por fin tenga su cita, seguramente ya habrán desaparecido las marcas”.