El fiscal Jorge Cano, de la Unidad Especializada de la Comisión de la Verdad, realizó el reconocimiento del lugar de los hechos en el Cementerio de El Batán, norte de Quito, como parte de las investigaciones del caso Restrepo.
A la diligencia acudieron delegados de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, del Comandante General de la Policía, de la Procuraduría General del Estado, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, de la Secretaría Nacional de Transparencia, entre otras entidades.
Hasta antes de las 10:00, decenas de periodistas se agolpaban en los alrededores del camposanto, a la espera del recorrido del agente fiscal.
La Fiscalía ordenó que se revisaran los osarios y los nichos.
A primera hora de la mañana, Galo Chiriboga, fiscal General de la Nación, alertaba que con esta diligencia se busca reconocer documentos, con los cuales se busca esclarecer si los restos de los hermanos Restrepo llegaron hasta este lugar.
“Es una diligencia que consiste en ir al lugar donde se presume pueden estar las osamentas de los hermanos Restrepo. Es una diligencia que contemplará fundamentalmente reconocer documentos y tomar medidas de protección de estas osamentas para posteriormente analizarlas con peritos forenses”, dijo esta mañana en una entrevista en el canal público EcuadorTV.
Con respecto a la demora de esta diligencia, aseguró que la Fiscalía recibió esa información con el informe de la Comisión de la Verdad, organismo que investigó las torturas cometidas desde el gobierno de León Febres Cordero.
De los 118 casos que investiga la Fiscalía, tras dicho informe, aseguró que en la administración anterior “no hubo voluntad política y jurídica de la investigación de esos casos”, dijo en EcuadorTV. Por ello, solicitó el cambio de los fiscales en dichas indagaciones.
Ya en el cementerio, fiscal Cano primero se reunió con las autoridades del camposanto, donde también llegaron ex agentes del Servicio de Investigación Criminal (SIC), Camilo Badillo y Juan Sosa.
Posteriormente, las autoridades revisaron los libros de registro y entrada de los cadáveres del año 1988. Estos ingresaron en cadena de custodia, tal como lo dispuso el fiscal Cano.
Ese material, entregado a Criminalística de la Policía Judicial por parte de los directivos de la Sociedad Funeraria Nacional, consiste en dos registros de inhumaciones e igual número de archivos de papeletas de defunción correspondientes a enero a diciembre de 1988.
Además, los peritos especializados de la Policía Judicial, conjuntamente con el Fiscal, realizaron la verificación ‘in situ’ del terreno donde fueron enterrados varios cadáveres.
El testimonio de uno de los trabajadores del cementerio que labora allí desde antes de 1988 permitió al Fiscal y los peritos determinar tres espacios de 20 m2, cada uno, donde eventualmente pudiera iniciarse el peritaje antropólogo forense.
Por su parte, María Fernanda Restrepo, advirtió su inasistencia a esta diligencia, temprano en la mañana.
“Nosotros no estaremos presentes cuando realicen la investigación en el cementerio de El Batán, no podemos prestarnos a un circo. Este caso es muy grave. Esperaremos los resultados, no serán hoy sino después de muchas pruebas”, dijo en Teleamazonas. Añadió que la familia “ha recibido muchas versiones durante tantos años”.