La Fiscalía General del Estado alista un nuevo proceso penal contra el asambleísta Cléver Jiménez y el activista político Fernando Villavicencio. Esta vez, el delito que se investiga en su contra es un supuesto ‘hackeo‘ al correo del presidente Rafael Correa.
Ayer, jueves 28 de julio del 2016, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, solicitó al pleno de la Asamblea Nacional “la respectiva autorización para iniciar la causa penal en contra de Jiménez”, quien es todavía asambleísta.
En la providencia firmada por Blum se menciona, además, que el fiscal General, Galo Chiriboga, le solicitó, mediante escritos fechados el 2 y 9 de junio pasado, que se señale el día y la hora para “formular cargos” en contra de los dos activistas.
Los hechos en disputa ocurrieron en noviembre del 2013. El 9 de aquel mes, en un Enlace ciudadano, el vicepresidente Jorge Glas pidió al fiscal Chiriboga, que inicie una investigación penal en contra de asambleísta, por supuestamente haber asegurado que cuenta con información proveniente de un correo electrónico del presidente Correa sobre el caso Chevron.
En esa sabatina, Glas presentó un video de una nota de prensa en donde Jiménez presuntamente anunciaba que registraría en una notaría las comunicaciones privadas de Correa para que se hicieran públicas, si a él le sucedía algo.
El 18 de diciembre del 2013, el mismo juez Blum autorizó a la Fiscalía dirigir, como un acto urgente, los allanamientos a los domicilios de Jiménez y Villavicencio. Ahora, en la nueva providencia, se asegura que la Fiscalía solicitó “erróneamente” esos allanamientos pues estuvieron “fuera de la indagación previa”.
“Dos años después, cuando estamos a las puertas de una elección, nos quieren procesar”, dijo Cléver Jiménez a diario El COMERCIO, la tarde de este viernes 29 de julio.
“Se nos llevaron computadoras y documentos con información que tiene relación con hechos de corrupción. Pero no encontraron ningún aparato electrónico para realizar hackeo, más bien son ellos los que hackean a los que pensamos diferentes”, agregó.
El delito por el que podrían ser procesados es el 202 del anterior Código Penal, que estaba vigente en la fecha que ocurrieron los hechos. En esa norma se dice que: “El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de USD 500 a USD 1 000”.
Pero “si la información obtenida se refiere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de USD 1 000 a USD 1 500”, indica la Ley.