La Fiscalía investiga transacciones bancarias y viajes de Rafael Correa

Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, acudió a una diligencia en la Fiscalía. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, acudió a una diligencia en la Fiscalía. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Edgar Molina, abogado de Pamela Martínez, acudió a una diligencia en la Fiscalía. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La Fiscalía General del Estado recabó más datos sobre los aportes ilegales para Alianza País. Dentro del cronograma de comparecencias, ayer se presentó el empresario Pedro Verduga, dueño de Equitesa. Lo hizo a través de video conferencia, desde Estados Unidos, en donde el accionista recibe tratamientos médicos por una enfermedad.

Su nombre aparece en el archivo denominado Verde Final, extraído de la computadora de la procesada Laura Terán.

A Verduga se lo ubica dentro de una lista de supuestos aportantes de AP, a través de desembolsos en efectivo y por cruce de facturas. La Fiscalía le realizó 13 preguntas. Una de estas fue si entregó USD
100 000 en efectivo a algún miembro de AP. “No, no aportamos nada”, indicó.

Los investigadores le preguntaron si conoció a Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, y respondió que sí.

Dijo que Martínez le brindó asesorías para su empresa, pero negó que conociera a la exministra María de los Ángeles Duarte. “Ella nunca me quiso recibir cuando era Ministra”.

Otro empresario que ya dio su versión fue Alonso Guerrero Ulluauri. Él aseguró que prestó sus servicios a Alianza País como organizador de eventos masivos y que las facturas fueron pagadas por tres empresas que han sido mencionadas en este caso.

Además, de estas versiones, la Fiscalía también adelanta nuevas diligencias. La entidad solicitó información sobre los movimientos migratorios y financieros de Correa, de Jorge Glas, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Walter Solís, Rommy Vallejo, Vinicio Alvarado, Pamela Aguirre, María Augusta Enríquez, y otras personas que son señaladas.

A la Unidad de Análisis Financiero le pidió que en 72 horas le remita datos sobre las transacciones realizadas, las entidades financieras en donde se ejecutó aquello, el período en que se lo hizo.

Pidió también la autorización de la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional, para que se extraiga la información contenida en correos electrónicos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Entre las direcciones electrónicas que se investigan están la de Correa y la de Glas.

A la Policía se le solicitó datos sobre 39 números telefónicos y que diga a quiénes pertenecen las líneas, cuál era el IMEI, de quiénes eran las direcciones de e-mails, etc.

Otra solicitud está dirigida a la Unidad de Inteligencia Tributaria del Servicio de Rentas Internas. La Fiscalía le requirió la facturación del 2012 al 2016, de empresas de comunicación, de negocios dedicados a la confección de uniformes, de productoras de vídeo, de imprentas y otras que habría prestado servicios de publicidad para las campañas de AP, pero cuyas facturas fueron supuestamente pagadas por las empresas contratistas.

Para la próxima semana, los investigadores citaron a 10 personas para que entreguen sus versiones en el caso. Entre los llamados a declarar están Doris Solís, Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Rommy Vallejo e Ítalo Centanaro.

Estas diligencias se realizarán desde el 22 de julio hasta el 26 de julio. En el caso de Vallejo, la diligencia está prevista que se realice por vídeo conferencia desde Miami, en los Estados Unidos, en donde se encuentra actualmente.
Los nombres de los convocados aparecen en el archivo denominado Verde Final. Los investigadores también solicitaron que datos de cinco empresas. Una de esas está señalada como persona jurídica.

En el expediente judicial se dice que el dinero captado por AP no solo se empleó para cubrir campañas políticas, como se conocía hasta ahora.

En una matriz denominada “egresos” se indican montos destinados, por ejemplo, para “seguridad civil”. Allí está gente de la exSenain.

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